Con apoyo del presidente Rafael Correa, el Ministerio de Salud cristalizó una vieja lucha por los derechos reproductivos. El Acuerdo Ministerial 2490 publicado en el Registro Oficial del 25 de marzo de este año, señala que el "Ministerio de Salud proveerá información, asesoría y entregará métodos anticonceptivos a través de sus establecimientos de salud, siendo obligación de estos garantizar el acceso a los mismos de forma gratuita y oportuna, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia (pastilla del día después) a toda la población en general, en especial a adolescentes, jóvenes y mujeres que lo requieran".
Este es un avance importantísimo en la salud pública nacional y un buen ejemplo para otros países que, cobijados en una absurda doble moral y argumentos religiosos, han combatido el avance científico que representan los anticonceptivos en general y el de emergencia en particular. Se acusó falsamente a la pastilla de ser abortiva, lo que refleja desinformación sobre su base científica. La propia OMS dice que no es abortivo y las evidencias científicas lo demuestran. En las 120 horas seguidas a una relación sexual sin protección, la pastilla determina bloqueo de la ovulación, aumenta la presencia y densidad del moco uterino e impide el paso de espermatozoides.
La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología envió una carta de respaldo al gobierno del Ecuador por la decisión tomada y reconoce, igualmente, que el anticonceptivo no es un abortivo, y que su uso libre es una herramienta de defensa de la salud psíquico-física de mujeres que no desean un embarazo.
Aunque no es la solución definitiva a los problemas de embarazos no deseados, esta legislación es trascendente. Campañas de educación sexual, paternidad responsable y más acciones deben acompañar a esta ley.
Queda aún una cuestión más y que genera polémica: la lucha por la despenalización del aborto por mayores causales que las que contempla la ley actual ecuatoriana. Deben incluirse como causales de interrupción terapéutica del embarazo la violación a una mujer y los embarazos que vengan con problemas malformativos y genéticos. Esta ampliación otorgará definitivamente derechos reproductivos a las mujeres.
Se ha dado el primer paso; el país se ha liberado al fin de sus atavismos ideológicos en relación a los anticonceptivos. Se mantiene la lucha para que el estado laico, de forma neutral, reconozca la necesidad de la interrupción terapéutica del embarazo frente a la realidad del aborto, que también es un grave problema de salud pública.