Tanto el Estado colombiano como las FARC y el ELN son victimarios en el largo conflicto armado. Solo que la guerrilla surgió en rebeldía contra la violencia institucional, raíz y principio de todas las demás violencias sociales implicadas en la corrupción, el reparto de los recursos del Estado en particular de la tierra, la exclusión y marginación económica, social y cultural de ciudadanos con altos índices de pobreza, desempleo, falta de vivienda, explotación del trabajo por el capital, mientras las riquezas del país se las feria una clase oligárquica corrupta en asocio con las transnacionales, ampliando la brecha entre ricos y pobres, además del terrorismo de Estado implicado en falsos positivos, desplazamientos y en el paramilitarismo.
Las guerrillas son consecuencia de la violencia generada por el Estado, particularmente desde 1946 con el genocidio del Movimiento Gaitanista.
La causa inmediata para que surgieran las FARC fue el gobierno conservador de Guillermo León Valencia, quien en marzo de 1964 se empeñó en eliminar a sangre y fuego a las autodefensas campesinas liberales, que Manuel Marulanda comandaba en Marquetalia. Ordenó bombardearlas desoyendo llamadas al diálogo y aun a la sensatez, dadas las condiciones particularmente adversas para un ataque aéreo. Todos los campesinos sobrevivieron y, semanas después, el 27 de mayo, nacieron las FARC.
Infortunadamente, estas cometieron el error de emular la violencia que combatían. En estricta lógica, quienes se proclaman revolucionarios tienen que ostentar más altos estándares éticos, si su objetivo es llegar al poder para establecer un gobierno donde impere la justicia social, más cuando se declaran Ejército del Pueblo. Al contrario, han llevado la violencia hasta niveles de violación del derecho humanitario y de los protocolos de Ginebra.
La paz, sin embargo, no resultará ni de autoproclamaciones de inocencia ni de mutuas recriminaciones. Ha llegado la hora de actos de grandeza de parte y parte: reconocer la verdad, pedir perdón y reparar a las víctimas. El Estado no deberá seguir procrastinando las profundas reformas estructurales, ni las guerrillas, la dejación de la vía armada.
Si el Estado hubiera cumplido con su deber de “sintetizador” del bien común, garante de la ley y el orden, no se habría generado la contraviolencia. Y si las guerrillas hubieran escogido otra estrategia de lucha, habrían conquistado el apoyo ciudadano, y no tendrían hoy un 75% de rechazo, según sondeo de Datexco.
La hora de las grandes decisiones apremia ante la acuciante necesidad de paz con justicia social. Pero hay que ir al fondo y no quedarse en las formas.
Victimarios, sobre todo gobiernos gringos que han arrojado bombas nucleares contra ciudades japonesas, agente orange, contra campesinos vietnamitas y drones que matan civiles, además de tener institucionalizada la pena de muerte.
¿Hasta cuándo?