El Ecuador se encuentra en una zona geográfica expuesta a diferentes amenazas de origen natural como sismos, deslizamientos, erupciones volcánicas, tsunamis, déficit hídrico, inundaciones, aluviones, lluvias torrenciales; así como fenómenos meteorológicos extremos, asociados a la variabilidad y cambio climático.
Por otro lado, el crecimiento demográfico, los procesos de desarrollo y el uso del suelo, han generado amenazas de origen antrópico, como violencia, epidemias, pandemias, plagas, incendios, explosiones, deflagraciones, fuga de materiales peligrosos, ciberdelitos, entre otros, que exigen la gestión de los riesgos que pueden generarse, al conjugarse con la exposición de la sociedad frente a su ocurrencia.
El Ecuador tiene un marco legal que incluye a la gestión de riesgos en instituciones públicas y privadas, a todo nivel territorial, con el fin de establecer procesos de análisis, identificación y reducción de riesgos, así como también de preparación, respuesta y recuperación frente a emergencias y desastres. Sin embargo, la rotación de personal, el cambio de administración, de la mano con el desconocimiento de las amenazas del entorno y los impactos que se pueden generar en el corto, mediano y largo plazo, incrementan la vulnerabilidad de personas, bienes y servicios.
Frente a esta realidad, las instituciones públicas y privadas deben cumplir con el marco legal vigente e incorporar en su estructura organizacional equipos multidisciplinarios formados académicamente en gestión de riesgos y, de acuerdo con su responsabilidad legalmente establecida, tomando en cuenta su giro de negocio, gestionen los riesgos a los cuales se encuentran expuestos.
En este marco, se requiere que la gestión de riesgos sea integral, desde un contexto territorial, organizacional y empresarial, antes, durante y después de eventos peligrosos que puedan ocasionar incidentes, emergencias y desastres. De la misma manera, se deben diseñar e implementar sistemas integrados de gestión que permitan la continuidad de los procesos, aún a pesar de los cambios que pudieran presentarse en el entorno ambiental, organizacional, político, tecnológico y social.
Por lo anteriormente indicado y considerando el evento suscitado el 31 de enero de 2022 en el barrio “La Gasca” en la ciudad de Quito, se evidencia la urgente necesidad de que en el Ecuador exista una Ley de Gestión de Riesgos, generada de forma participativa y que, bajo la gestión de la Asamblea Nacional, pueda convocar a los actores públicos, privados, representantes de la sociedad y la academia, con el fin de que los riesgos se gestionen bajo un contexto técnico y político.