La valoración monetaria del medio ambiente, y de los servicios ambientales que prestan los ecosistemas, es como una moneda de dos caras, una positiva y una negativa. De una parte, permite establecer un común denominador, ya que el mundo del capital razona con mercados, precios y dinero. De otro lado, reducir la naturaleza a la condición de bien de capital, susceptible de convertirse en acciones de mercado de propiedad de transnacionales, que cotizan en las bolsas de valores de Nueva York, Londres, Tokio, es riesgoso.
Por ejemplo, se puede discutir el valor económico que tiene evitar la emisión de dióxido de carbono (CO2), ya que los daños se darán en el futuro, en la forma de desaparición de glaciares, subida del nivel del mar, cambios en lluvias y temperatura que harán desaparecer especies. ¿Cómo valorar en dinero el beneficio de evitar tales daños?
No solo diversos economistas famosos (como el británico Nicholas Stern, quien hizo un célebre informe sobre los costos económicos del cambio climático) realizan estos cálculos, sino que la Casa Blanca ha abierto ahora una discusión pública sobre el tema. Se trata de razonar, en dinero, si son convenientes las medidas para reducir emisiones de gases con efecto invernadero.
Por eso, la Casa Blanca pide que se discuta si un ‘precio’ de 37 dólares por tonelada métrica (TM) de CO2 evitada le parece bien a los especialistas y a la industria.
Desde la perspectiva monetaria parece interesante el planteamiento, aunque considero que los 37 dólares por TM son muy poco. Por otro lado, si vemos que en 2010 era 23,8 dólares por TM, entonces lo mejor sería esperar para que el precio suba más todavía. Esto tiene sentido desde la especulación financiera, pero no desde la economía ecológica.
Si la administración Obama pone este precio, el de los 37 dólares, con el objetivo político de impulsar a futuro medidas regulatorias costo-efectivas -alcanzar el objetivo al menor costo posible- para reducir o mitigar los impactos del cambio del clima en lo interno (afectaciones a la agricultura o daños a la salud), vale pensar también en sus compromisos internacionales.
¿No sería adecuado que Estados Unidos destine recursos para proyectos alrededor del mundo que dejen el petróleo bajo el suelo?
Hagamos un cálculo simple. A un precio de 37 dólares, las 410 millones de toneladas de dióxido de carbono evitadas que implica dejar el petróleo del Yasuní ITT en tierra arrojan un ingreso total bruto de 15.170 millones de dólares.
A eso habría que añadir las emisiones de CO2 al evitar deforestación. Y, por supuesto, añadir todos los beneficios locales (en términos de conservación de biodiversidad de dejar el petróleo en tierra).
Bajo esa lógica, ¿no sería adecuado que Estados Unidos destine recursos para proyectos alrededor del mundo que dejen el petróleo bajo el suelo? No como donación, sino como parte de la deuda ecológica acumulada que tiene con el planeta.
El otro punto siempre será si las soluciones de mercado, tan ineficientes hasta ahora, lograrán soluciones para enfrentar sus altos niveles de consumo de energía y materiales, una de las causas centrales del cambio climático. Pero eso es materia de la otra cara de la moneda.