En el período diciembre 2006-2012 se ha reducido la pobreza por ingreso, a nivel nacional, de 37,6 a 27,3% y la extrema pobreza de 16,9 a 11,2%. A nivel urbano, pasa de 25,9 a 16,1% y de 8,8 a 4,9%. Sin embargo, a pesar de estos logros, todavía quedan ecuatorianos que no tienen recursos para comprar la canasta básica de consumo. Esta situación llevó al Gobierno a la aplicación de una política de protección de los pobres en la que se destaca el Bono de Desarrollo Humano que, a partir de este año, pasa de 35 a 50 dólares.
Actualmente existen 1’651.808 pobres, que reciben dicho bono mensualmente que significan un egreso presupuestario de 82 millones de dólares en ese período y cerca de mil millones de dólares anuales. Se trata de una política de redistribución del ingreso que busca ayudar a las familias pobres, pero no como una política asistencialista sino una política pública de protección que tiene mecanismos para mejorar la situación de la familia y salir de la pobreza. A eso se suma el bono de la vivienda, a ancianos, discapacitados y los que tienen enfermedades catastróficas.
En efecto, el Bono de Desarrollo Humano condiciona al jefe de familia a que cumpla con el control de salud de sus hijos menores y acceso a escuelas y colegios que se complementa con una provisión de bienes y servicios públicos, a más del subsidio del gas y subsidio de la luz. Se trata de que mejore el estado de salud, la educación y el bienestar de la familia. Pero no solo eso; ahora, quienes reciben el bono tienen la posibilidad de acceder a un crédito productivo individual y solidario, con lo que los pobres pueden realizar emprendimientos o establecer una microempresa, que les generarán ingresos para su subsistencia.
Las estadísticas del MIES señalan que desde 2007 los beneficiarios de estos créditos han ido aumentando y en 2012 alcanzaron 10.005 créditos por un monto de 4 millones de dólares, concedidos a través del BNF. Los estudios preliminares muestran que un 15% de los beneficiarios del bono crea una microempresa, cerca de 250.000 pobres pueden así dejar ese estado. Además, hay asistencia integral especializada y capacitación. Es un mecanismo de movilidad social, una política pública para salir de la pobreza.
La subida del bono ha llevado a las autoridades a una estrategia para promover el ahorro de las familias beneficiarias de este subsidio. Para ello, se estudia un programa de educación financiera para un buen manejo de los ingresos y gastos familiares. Además, se trata de aplicar un programa de emprendimiento e inclusión social, que a través de capacitación puedan los pobres formarse en un centro de emprendimiento microempresarial, Secap y financiamiento para desarrollar habilidades y capacidades para oficios y trabajos prácticos. Quienes finalicen la capacitación pueden aplicar al programa Socio Empleo. El esfuerzo, la capacitación y el emprendimiento son alternativas para salir de la pobreza.