Tengo la sensación de que la postergada Ley de Comunicación se ha convertido en un Ulises legislativo. Un sortilegio legal del cual se han generado criterios sobre la base de criterios anteriores. Es decir, una ley leída por pocos, pero ampliamente criticada o alabada. Entonces, se pierde una visión más amplia de lo que significa la ley dentro del contexto sociopolítico, de sus aciertos y vicios, de sus mecanismos y sus facultades. Se convierte, últimamente, en ese apoyo ciego al proyecto oficialista o esa oposición carente de argumentos y limitada por la falta de un proyecto político alterno.
Más allá de la idoneidad de la actual Ley de Comunicación debatida actualmente en la Asamblea, lo esencial es entender la necesidad de una Ley de Comunicación. Una ley que efectivamente democratice el uso de las frecuencias. Una ley que garantice el derecho de acceso de las comunidades. Una ley que proteja las producciones nacionales y las priorice por encima de las extranjeras. Una ley que proteja al público antes de proteger al medio. Que garantice nuestro derecho a la réplica y a la rectificación, a información plural y veraz. No una ley que dicte los parámetros de programación, pero sí que equipare el derecho del medio con el del espectador. Una ley que, en definitiva, proteja ese derecho últimamente tan manoseado: la libertad de expresión.
La perpetuación del statu quo solo favorece a la perpetuación de un modelo hegemónico antidemocrático establecido desde los negocios familiares disfrazados de medios de comunicación. Las dilatorias y la tibia actitud permiten que el derecho siga beneficiando al sistema que se busca combatir. Los acérrimos defensores de las libertades, que se han multiplicado, deben primero preguntarse si este espejismo de Estado de derecho, espejismo cuyas raíces son más profundas que las vagas especulaciones de nuestra corta memoria histórica, nos ha permitido atisbar los reflejos de lo que significa vivir en una sociedad donde se privilegia la información, mas no ser informados.
La suspensión del día miércoles, la decisión de votar artículo por artículo, más que una victoria para cualquiera de las bancadas, es una denigración de la voluntad popular. Aquellos que temen la mordaza, aquellos que denuncian los abusos del poder estatal, aquellos que claman por sus derechos a expresarse libremente, deben recordar las mordazas impuestas desde los grupos de poder, las restricciones y el abuso de nuestros derechos desde los emporios familiares, el completo desinterés por la construcción social del Estado; y deben recordar que, entonces, permanecieron callados.