La semana anterior salieron a la luz extractos de un informe que se mantuvo oculto durante 7 años y que, según se conoce, fue expuesto y entregado a altos funcionarios del Ministerio del Interior de la época; este documento es más bien una investigación de campo realizada desde la perspectiva de la protección de derechos humanos de las mujeres, con el fin de visibilizar la gravedad de este flagelo en el país.
Efectuado en Sucumbíos, Carchi, Esmeraldas e Imbabura, documenta los hallazgos de una forma de esclavitud moderna que muchas veces no es percibida como tal ni siquiera por sus víctimas y cuyo nombre “trata” no alcanza para dimensionar la violencia extrema, la crudeza vivencial y la crueldad a la que se ven expuestas las mujeres víctimas de la explotación sexual con fines comerciales.
Es que la trata no debe ser vista como un delito aislado, pues es un fenómeno criminógeno alrededor del cual se perpetran otros delitos que al materializarse terminan por agravar los anteriores, en una espiral delictiva muy difícil de ubicar en su real dimensión.
En el “negocio” de la esclavitud sexual, las mujeres son cosificadas, deshumanizadas para generar ganancias legales pero ilegítimas, pues la gran mayoría de las veces la trata y la prostitución son dos realidades estrechamente ligadas, indisociables, tal como deja ver el informe.
Forzar a un ser humano a ejercer la prostitución es un delito que debe ser investigado a fondo de manera imparcial, técnica y transparente, entendiendo que este crimen teje redes donde puede haber beneficiarios y cómplices al más alto nivel que deben ser castigados con todo el rigor de la ley.
Se habla de niñas comercializadas por una profesora, de búnkeres con mujeres dentro, de coimas que van desde $ 5.000 hasta $ 100.000, dependiendo del “problema” a solucionar.
Este informe no puede ni debe pasar desapercibido, hacerlo sería legitimar una sistémica e inhumana forma de explotación sexual de miles de mujeres tratadas como mercancía desechable. (O)