En la lista de los muchos delitos que quedan en la impunidad a lo largo de la historia, se tiene que incorporar la supuesta expedición de la Transitoria 42, facultando al Banco Central lo que condenaba y prohibía la propia Constitución que se estaba aprobando, facilidad que culminó en el feriado bancario y la dolarización.
Han pasado 15 años de cuando en la Constituyente del 98 (en la que participé como asambleísta por Pichincha, electo por la Izquierda Democrática antes de que se prostituyera y desapareciera arrastrada por la ‘partidocracia’) tuvimos un minoritario grupo de izquierda el desafío y la oportunidad de confrontar a la nefasta aplanadora (como la bauticé), integrada por la alianza Socialcristiana-Democracia Popular, comandadas por Jaime Nebot y Oswaldo Hurtado.
En concreto: la Asamblea, luego de muchos y apasionados debates, aprobó el artículo 256 que prohibía al Banco Central hacer préstamos a los bancos en dificultades, como salvaguarda al festín que los banqueros cometían con los fondos a su cargo.
La Asamblea culminó su tortuoso camino con una crisis de organicidad: Hurtado desertó de la presidencia; un grupo de socialcristianos abandonó el barco; nos botaron del Cuartel de Sangolquí; fuimos por unos días otra vez a la Universidad Andina y, finalmente, nos convocaron a Riobamba con un plazo perentorio para terminar la tarea.
En ese ambiente confuso e inestable la corrupción derechosa aprovecha para meter de contrabando en el texto constitucional la fatídica Transitoria 42, la última del paquete. ¿Dónde, cuándo, cómo?
En el complot por fuerza tiene que entrar el secretario (Diego Ordóñez) para dar fe de que ese contradictorio aborto supuestamente se aprobó con todas las normas de la ley.
Cuando me percaté de la trampa, presenté una denuncia ante la Fiscalía, pero previamente consulté por separado con 2 asambleístas para ver si yo estaba en lo cierto: el riobambeño socialista Dr. Fernando Guerrero y el abogado guayaco de derecha decente, que publica artículos de opinión en El Universo, Dr. Orlando Alcívar, quienes me afirmaron que nunca siquiera oyeron hablar del tema de la Transitoria 42.
Si se quisiera que la historia se clarifique, la justicia debería abrir una investigación y en un expediente para obligar a todos los asambleístas del 98 a declarar bajo juramento todo lo que saben, para que salga a luz la verdad y sepamos si hay delito o impunidad en el aprovechamiento de esta norma que permitió la crisis bancaria que remató en la dolarización.