Gran indignación ha causado la sentencia del tristemente célebre juez norteamericano Griesa, al negar la impugnación interpuesta por el gobierno de Cristina Fernández, a fin de que Argentina cancelara con 900 millones de dólares al 93% de los acreedores que aceptaron los nuevos términos de pago de la deuda externa. Esta, contraída por las dictaduras y regímenes anteriores, fue renegociada exitosamente por la presidenta Kirchner en el proceso de saneamiento de su economía.
Al interior de Argentina, su pueblo ha cerrado filas para denunciar la situación inaudita provocada por el aparato judicial norteamericano, al poner en el mismo nivel al gobierno de un país soberano y a los tenedores de deuda, que fue comprada a precios irrisorios a quienes no quisieron participar de la renegociación. Hoy pretenden cobrarla por el 100% de su valor, perjudicando también a quienes aceptaron los términos en que se firmaron los acuerdos.
Aun la mayoría de la rabiosa oposición al régimen se ha pronunciado contra estos procedimientos, que en un pasado reciente llegaron al extremo de ‘embargar’ el barco insignia de la nación, al momento en que realizaba una visita protocolaria a un país africano. Ahora, a pesar de que Argentina hizo el depósito que permitía pagar la cuota correspondiente, ha entrado en default, al no permitirse que esos fondos vayan a los llamados bonistas. La complicidad del aparato judicial norteamericano con los fondos ‘buitre’ es evidente. Llaman a un diálogo a las partes, lo que de por sí es inaudito.
La OEA ha procedido, esta vez acertadamente, al rechazar la presión ilegítima que se ejerce desde los tribunales americanos, agraviando a la nación argentina, pese al ya esperado voto en contra de Estados Unidos. Se impone que los organismos integracionistas Unasur, Mercosur, Celac, participen activamente en la defensa del derecho de nuestros países a reestructurar sus deudas, muchas veces ilegítimas o contraídas en condiciones leoninas.
A fines del siglo pasado, un movimiento mundial, Jubileo 2000, abanderó la lucha por el rechazo de las condiciones en las cuales la deuda externa, especialmente en los países pobres, se convirtió en un dogal que impedía su desarrollo. Se impone la reanudación de esa cruzada que debe partir desde el Vaticano –como ocurrió en la anterior ocasión– por gestión del Papa, que a su condición de dirigente de la mayor congregación de católicos del mundo situada en Sudamérica, une la de su origen argentino.