Ser testigos de que sesenta dirigentes de la Conaie, Fenocin, Feine, Frente Popular y otras organizaciones sociales se sentaran en el salón amarillo del Palacio presidencial nos llena de mucha esperanza. Este encuentro hacia la paz tan cuidadosamente planificado y con gran poder de convocatoria hace que la ciudadanía sueñe con construir mayor espíritu democrático entre gobernantes y gobernados. Todos aspiramos a que de una vez por todas se rompa el estallido recurrente que ha sido parte de la vida del Ecuador por siglos.
En la Colonia se realizaron decenas de levantamientos indígenas. El etnohistoriador Segundo Moreno Yánez, en su obra sobre el tema, reseña numerosas insurrecciones en la Sierra ecuatoriana que resistieron la imposición del sistema económico y social que rompiera violentamente las antiguas estructuras y despojara de sus tierras a los dueños inmemoriales. El rechazo a las imposiciones y el uso de la fuerza se convirtió en un verdadero ritual.
Durante la República, el Estado ecuatoriano mantuvo las relaciones sociales de dependencia del sistema de hacienda que mantenía sojuzgados a los indígenas y les impedía juntarse para protestar en contra de las injusticias. Hasta los años 50 del siglo pasado miles de indígenas eran sometidos por los amos patrones a servir a cambio de un huasipungo o un arrimazgo en relaciones de carácter feudal que consistían en mantener a los trabajadores sin salario ni derechos laborales a cambio de mano de obra y servicios. Gran cantidad de tierras estaban en pocas manos, mientras los indígenas seguían sin poseerlas. La reforma agraria cambió esa relación en los años 60 y 70, pero nunca dotó a los indígenas de los insumos necesarios para poder trabajar los suelos agrícolas.
La precariedad de la relación de los indígenas con el resto de la sociedad se ha seguido manteniendo. En el año 1990, el levantamiento indígena tomó por sorpresa a la ciudadanía quiteña que vio a miles de indígenas en la capital y en las carreteras del país. También sorprendió al gobierno de Rodrigo Borja. Luis Macas, Blanca Chancoso y Nina Pacari fueron los líderes de entonces. Como resultado el régimen concedió tierras a los pueblos de la Amazonía.
En las Constitución de 1998, los indígenas lucharon por incorporar en ella asuntos relativos a la interculturalidad, la educación bilingüe, los saberes, la justicia y la medicina ancestrales. Sus luchas fueron decisivas en la caída de Jamil Mahuad en el año 2000, cuando por cortísimo tiempo formaron gobierno. Más tarde integraron el gabinete de Lucio Gutiérrez.
En el período de la Revolución Ciudadana, la relación gobierno-organizaciones indígenas parecía tener coincidencias –que se plasmaron en la Constitución de 2008 en cuanto a nociones del Estado plurinacional, los derechos colectivos y el sumak kawsay–. Sin embargo, pronto las diferencias se evidenciaron con la legislación sobre agua, minería y educación. Indígenas y campesinos se movilizaron, pero el Ejecutivo los mantuvo rígidamente controlados tomando presos a dirigentes, cercando poblaciones en protesta y haciendo contramarchas.
Octubre de 2019 sobrecogió a la población de Quito y ha dejado una huella de temor y zozobra en el país. La violencia desatada destruyó más que el patrimonio al que se refería el Presidente Lasso al iniciar el diálogo con los dirigentes el 10 de noviembre pasado. La reunión duró seis horas. Fue a puerta cerrada, sin la presencia de los medios.
El país tiene el alma en un hilo a la expectativa de cómo se resuelva este diálogo crucial para todos los ecuatorianos. Es indispensable curar la relación indígenas-Estado. Es vital procurar la justicia y el desarrollo de los pueblos indígenas. Es fundamental lograr que los espacios rituales de los pueblos no sean los levantamientos en los que hay pérdida, desazón y desencuentro. Requerimos paz como nunca en estos tiempos especialmente difíciles de pandemia en los que resuenan las palabras ominosas del dirigente Delfín Tenesaca, quien en 2015 decía: “Los tiempos son cíclicos, en cualquier momento volveremos a levantar nuestra voz”.