El barco Nuestra Señora de las Mercedes fue hundido por atacantes ingleses el 5 de octubre de 1804, durante batalla naval del Cabo de Santa María, en la costa portuguesa del Algarbe. Era un barco de guerra español, que formaba parte de una flota de cuatro naves, todas cargadas de monedas de oro y plata de Sudamérica, enviadas a la Península Ibérica.
Los otros barcos, llamados Medea, Fama y Santa Clara, fueron abordados y llevados a Inglaterra por los asaltantes que dirigía el Comodoro Graham Moore. Y ya que no existía “casus belli” entre España e Inglaterra, se trató de un simple asalto y robo a mano armada efectuado por las fuerzas británicas, que fue muy censurado en su época, hasta por la prensa inglesa.
Como hemos demostrado antes, las monedas de oro rescatadas del Mercedes fueron acuñadas en la Casa de Moneda de Popayán, ciudad de la actual Colombia, en su mayor parte con oro sacado de las minas quiteñas de Barbacoas, Tumaco e Izcuandé. Esto nos demuestra que, en cuanto al monetario de oro, el derecho de propiedad prioritario corresponde hoy mismo a Ecuador y Colombia.
Queda por saber de dónde procedían las monedas de plata. Por lo que se conoce, fueron acuñadas en las cecas de Lima, Potosí y Santiago de Chile, en su mayor parte con metal procedente del famoso Cerro Rico de Potosí, en la actual Bolivia, y en menor medida con plata de Huancavelica, Perú. Quizá se usó en la amonedación cobre chileno, metal que servía para endurecer la plata, dada su natural suavidad y blandura.
Para entonces, la actual Bolivia pertenecía al Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires, al igual que el actual Uruguay, de donde salió la flota atacada por los ingleses. Los nombres de ese virreinato y de la actual República Argentina evocan a ese rico metal blanco procedente de Potosí, que era transportado a España por el Río de la Plata. Por tanto, sobre las monedas de plata del tesoro rescatado tendrían derecho prioritario Bolivia, Perú, Argentina, Chile y Uruguay.
La reivindicación de ese tesoro patrimonial sudamericano, entregado por la justicia de EE.UU. a España, nuestra antigua potencia colonial, se revela como una buena causa política y legal para la Unasur.