Leía un extenso titular en un diario local: “Un crítico de medios a cargo del control”, a manera de rechazo o impugnación al Primer Superintendente de la Información y Comunicación, según se estipula en la respectiva Ley Orgánica, en plena vigencia, pese al escándalo e interferencia de los quejumbrosos, que no cesan de guerrear contra la majestad del documento jurídico, garante de un periodismo serio y en el control de la conducta de los comunicadores en el manejo de las noticias y los temas de opinión.
Jules Renard explica: “El crítico solo debe decir la verdad. Pero también tiene que conocerla”. Carlos Ochoa, periodista académico, en su amplia trayectoria profesional en medios impresos, radio y televisión públicos y privados, ha palpado la realidad de esa actividad, sus restricciones y, a veces, sus desvíos, en protección de los intereses de los dueños del negocio, en el caso de la prensa comercial.
Supuestamente, se ha desatado controversia en torno a la independencia del periodista Ochoa por haber calificado en su papel de crítico, a los medios privados, entre otros términos de “agoreros del desastre, cuyo fin es desestabilizar al Gobierno”. A propósito, recuerdo la frase célebre de Tácito: “Quien se enfada por las críticas, reconoce que las tenía merecidas”. El hombre, por naturaleza y formación, adquiere una posición frente al mundo, creencias y sus problemas, e incluso se arriesga a plantear tesis y posibles soluciones.
¿Qué respuestas tendrían ustedes, lectores, si Alfonso Espinosa de los Monteros, Carlos Vera, Jorge Ortiz, Diego Oquendo, entre otros, ocuparan las funciones de Superintendente de Información? Su comportamiento se ajustaría a la de un crítico independiente, neutral o imparcial. Ese frágil argumento para impugnar al primer Superintendente de Información carece de lógica y validez.
Desde cuando entró en el debate la Ley de Medios y las atribuciones de Consejo de Regulación, toda la prensa comercial y sus instituciones aliadas se movilizaron para boicotear su aprobación y vigencia. Todos los diarios, canales de televisión y radios se unieron para retener el poder mediático con el rabioso pretexto de defender su libertad de expresión. La bullanga no tuvo eco, hoy la Ley de Comunicación y sus organismos rigen en un momento histórico de cambios sociales y económicos en el continente.
La Superintendencia, con su primer representante, pone en marcha sus atribuciones: fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación. Atender, investigar y resolver denuncias o reclamos formulados por las personas naturales y jurídicas. Y lo más destacable: aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta ley y de la regulación que emita la autoridad reguladora.
Los medios de comunicación privados, convertidos en actores políticos, avizoran perder definitivamente influencia y privilegios. Es que ahora ya rigen normas que garantizan su responsabilidad en el ejercicio de sus actividades. Llegó la hora de que los periodistas “independientes” dejen de creerse poder y dueños de la verdad.