Un colectivo denominado “Acuerdo nacional contra el cáncer” logró reunir casi ciento sesenta mil firmas para impulsar un proyecto de ley. Se jacta Wilson Merino, su coordinador, de que lograron este número de adhesiones en la tercera parte del tiempo requerido y que, de haber seguido en su campaña, habrían logrado un millón.
Al parecer, diversas organizaciones pueden proponer proyectos de ley con un número necesario de adherentes y previo trámite en el nunca lo suficientemente bien ponderado Consejo Nacional Electoral.
Dice Merino que contó con la colaboración de diez mil voluntarios de la Iglesia católica, asociaciones, equipos de fútbol y artistas, con la participación de nueve mil pacientes de cáncer.
La caótica Asamblea Nacional decretaría la Ley de lucha integral contra el cáncer y se daría paso a un Consejo. Lo absurdo es que, en este proceso, no se ha tomado en cuenta a Solca, Sociedad de lucha contra el cáncer, a la que el Estado ecuatoriano otorgó la facultad de participar en la prevención, investigación, tratamientos paliativos y curación del cáncer en 1953, año desde el cual ha realizado más de ocho millones de operaciones y tratamientos.
En el anteproyecto no se menciona a esta institución, referente para millones de ecuatorianos. Sus representantes, convocados tardíamente a los diálogos, se preguntan de modo lícito de dónde saldrán los fondos para amparar a un nuevo ente burocrático y si el financiamiento de este pondrá en riesgo lo que el Estado asigna a Solca. No debe olvidarse, de paso, que a Solca también se le escamotearon recursos.
No podemos ser tan ilusos de creer que con nuevas leyes y más órganos estatales se solucionan los problemas de la salud pública en el Ecuador; tampoco podemos pensar como innecesario el recurrir a instituciones con tradición de servicio y calidad. ¿Firmar en contra del cáncer? Sí, claro, yo también firmo.
Luchar contra una enfermedad que es la segunda causa de mortalidad en el país debe implicar menos populismo, menos rúbricas y más acciones concertadas. (O)