Alrededor del “caso Snowden” convergen varios asuntos: el asilo, el espionaje, las amenazas norteamericanas, la reacción ecuatoriana, el Atpdea y las posiciones alrededor del tema.
Ecuador no creó el problema. Debió adoptar posiciones, a distintos momentos. Como cualquier país, correspondía a su exclusiva soberanía decidir sobre el pedido de asilo formulado por el excontratista de la NSA Edward Snowden. El solicitante debía hallarse en territorio ecuatoriano (incluye embajadas) para la concesión de asilo, si Ecuador así lo decidía. Pero este no es el tema central para el análisis.
Lo esencial sigue siendo el espionaje electrónico ilegítimo, a escala mundial, denunciado por Snowden, y que ha violentado soberanías estatales y gubernamentales, leyes y, además, derechos ciudadanos, incluidos los de la población norteamericana.
Aun antes de que Ecuador decidiera, fue amenazado con la suspensión de las preferencias arancelarias (Atpdea), si concedía el asilo a Snowden. Cualquier país habría reaccionado ante ese verdadero “chantaje económico” y el Gobierno ecuatoriano decidió renunciar al Atpdea y ofrecer a los EE.UU. los 23 millones de dólares (costos arancelarios del Atpdea) para capacitación en derechos humanos.
El Gobierno ecuatoriano privilegió así, conforme lo refirió el propio presidente Rafael Correa, la soberanía y la dignidad nacionales, por sobre los negocios y beneficios económicos. El revuelo no se hizo esperar: círculos empresariales que se consideran afectados han estallado en críticas y “preocupaciones”, alentados por opinadores mediáticos de todo orden.
El asunto Atpdea ha pasado a ser el esencial en Ecuador. Y ha permitido que nuevamente sea visible la tradicional mentalidad de sectores empresariales que a lo largo de la historia ecuatoriana han requerido siempre de apoyos estatales para promover su “competencia”, o de tratamientos especiales internacionales (ocurría así en el Pacto Andino, tanto para Bolivia como para Ecuador), o han pugnado por precarizaciones laborales, y que anteponen sus intereses privados frente a los del país.
El fin del Atpdea y el riesgo de perder otras preferencias arancelarias no pueden anteponerse a la soberanía y a la dignidad nacionales, pero obliga a que el Gobierno encuentre las compensaciones que considere necesarias y, sobre todo, a que los empresarios quejosos cambien su vieja mentalidad rentística, para que se vuelvan “competitivos”, modernos y capaces de diversificar mercados.