Todo esto tiene un aire a Guerra Fría. Los mismos actores con la misma mentalidad. Pero el mundo ha cambiado. Ya no estamos en la posguerra (por lo menos ya no estamos en esa posguerra). China ya no es un reducto aislado en el tiempo. Rusia ya no es la URSS. Y Ecuador, al parecer, ya no es la parcela bananera del patio trasero de los Estados Unidos. Y en este escenario, Edward Snowden, el último “whistleblower” de una lista que se viene engrosando, ha recordado al mundo que la Doctrina de la Seguridad Nacional no es el triste recuerdo de un mundo polarizado; es el modus operandi de la inteligencia estadounidense.
La 4ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege contra registros y confiscaciones irrazonables. Eso denunció SnowdenNo nos engañemos. Toda inteligencia tiene un grado de intrusión. Un grado. No puede convertirse en la regla. La NSA (National Security Agency o Agencia de Seguridad Nacional, como para no perderse) ha creado una base de datos donde recopila toda la información, todas las llamadas y correos electrónicos, de todos los ciudadanos americanos (y los que no lo son). No leen toda la información, pero está ahí, y está a disposición del Gobierno, a una orden judicial de distancia. Estos serían los pesos y contrapesos que mencionó el presidente Obama en una entrevista acerca del tema. Pero de las casi 1.800 órdenes judiciales pedidas, todas fueron concedidas. Con el posterior conocimiento del Congreso. Donde tampoco se dijo nada.
La 4ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege contra registros y confiscaciones irrazonables. Eso denunció Snowden. Y que además de la ironía que significa que los Estados Unidos juzguen a Snowden por espiar, lo hacen también por espionaje, que significa dar información confidencial al “enemigo”. Snowden reveló la información a la ciudadanía norteamericana.
Todo esto termina con Ecuador, a través de una rueda de prensa de Fernando Alvarado, adelantándose a las amenazas de los Estados Unidos sobre la posible retirada de la Atpdea, renunciando a las preferencias y haciéndolo con un poco de audacia, ofreciendo capacitación sobre DDHH con los $ 23 millones que, al parecer, se perderían con la renuncia de estas preferencias. Es nuestra manera de decir que si se están vulnerando los derechos de alguien será nuestra decisión asilarlo o no en nuestro país. Tenemos sin duda nuestros propios problemas sobre el tema, pero esto viene con el mensaje adicional de que no nos dejaremos “bulliar”.
La posible decisión que tome el Gobierno (probablemente más fácil ahora que Rusia se pronunció a favor de la protección de Snowden) es complicada. Pero ser consecuente y hacer lo correcto suele requerir mucho coraje.