El debate que abrió la semana en el pleno de la Convención Constituyente en Chile, fue el de la pertinencia de una Comisión de Derechos Humanos, espacio considerado por la gran mayoría más que urgente, en un Chile que pide “mirarse en el espejo escondido, enterrado, en lugar de caminar sobre él” . En esta ocasión me detengo en tres puntos abordados en el debate : La memoria larga como punto de partida para visibilizar las violencias, la demanda de reparación y no criminalización de los pueblos indígenas, la ampliación de los alcances de los derechos incluyendo los derechos de la naturaleza.
El reclamo de una Convencional referidas a la marginación y desigualdad en los últimos 30 años, motivó la necesidad de revisar la historia profunda de Chile incluso mucho más allá de este periodo. En el debate se mencionaron los tempranos 1810 cuando se discutía qué tipo de República se quería construir y como se minimizaron los hechos violentos del llamado proceso de “pacificación de la Araucanía” ( 1861-1863). A la vez se alentó la memoria sobre las consecuencias de la llegada de colonos europeos, y como a partir de los años 70 el ingreso agresivo de empresas transnacionales sobre todo empresas forestales, fue una realidad en un Estado que parece ajeno a sus habitantes.
La memoria larga intenta poner sobre la mesa la historia de la constitución de una nación que hasta el momento es velada en el campo de la educación y en la narrativa a la hora de pensar políticas públicas. Desde ahí se intenta entonces interpelar lo que se conoce sobre los cimientos de la nación chilena para volver a escribir la historia considerando varios lugares de enunciación.
Esta forma de iniciar el debate encendió las alarmas de la franja detractora que insistió en una perversa y tergiversada forma de interpretar el respeto a los Derechos humanos, planteando cosas tan absurdas como el derecho de las fuerzas policiales y militares argumento en el que se omite que estas son fuerzas del orden y agentes representantes del Estado por lo tanto no son actores particulares ni vulnerados, si no más bien al contrario. Al mismo tiempo estos convencionales rescataban “argumentos” sobre la condición “terrorista” de algunas luchas sociales, a pesar de que ya el 2014 la CIDH sancionó al Estado Chileno por este tipo de sentencias afirmando categóricamente “que los mapuches no son terroristas ni dentro ni fuera de Chile”.
El debate sobre los Derechos Humanos fue enriqueciéndose con propuestas que evocan la necesidad de hacer visibles vulneraciones que aún distan mucho de ser una realidad, en este apartado se hizo un llamado a la urgencia de establecer los Derechos de la naturaleza, reconocer como una vulneración de los Derechos Humanos las acciones de privados (empresas) en contra de las comunidades, los atropellos a las infancias populares y a las diversidades sexo-genéricas, además de condenar los espacios que han sido identificados como “zonas de sacrificio”. A pesar de la pertinencia de las manifestaciones, los detractores siguieron argumentando que “no es necesario ser reiterativos con algo que se dá por entendido”.
La resistencia del ala conservadora chilena es más que evidente. En este escenario la lucha que se está librando es contra el olvido, la impunidad, los silencios convenientes, las trampas discursivas mal intencionadas y las prácticas violentas heredadas de un pasado militar dictatorial y de una genuflexión que ha rifado el Estado chileno a las empresas transnacionales. Sin duda la búsqueda de la ampliación de los derechos implica afectar directamente los intereses de las élites políticas y económicas chilenas, específicamente, de las 10 familias que tienen capturado el Estado y de aquellos que creyeron que sus acciones podrían continuar sin consecuencias.