La Constitución de 2008 establece un mandato: la expedición de la Ley de Cultura a través de la cual se creará el Sistema Nacional de Cultura. Ya solo quedan dos leyes por expedirse, la de aguas y la de cultura, así que pronto -no queda más- en este mismo año deberán expedirse estas dos nuevas leyes.
El Sistema Nacional de Cultura deberá estar conformado por todas las instituciones que se financian con fondos públicos y estará presidido por su órgano rector, el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Sin embargo, una de esas instituciones, la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, tiene una propia ley y -además- orgánica, en la que se consagra su autonomía. Aunque recordemos que en la Asamblea Constituyente no se incorporó a la Casa de la Cultura como entidad autónoma.
El caso es que durante estos 8 años de Revolución Ciudadana, y al no poder conformar el Sistema Nacional de Cultura, tampoco se han podido establecer roles, funciones y responsabilidades de la Casa de la Cultura, y más bien han existido relaciones tirantes y de abandono. Prueba de ello son las cartas remitidas por el presidente de la Casa, Raúl Pérez Torres (simpatizante de la Revolución Ciudadana, hay que decirlo) al presidente Rafael Correa.
En una de ellas, Pérez expresa: “Permítame decirle, con todo respeto, que quizá por el carácter ecuménico de la Casa, el valor de uso y el valor de cambio son diferentes. No tengo para qué decirle a usted, que el valor de cambio es un valor mercantil, pero el sentido de nuestra gestión no es hacer dinero sino enriquecer al pueblo (valor de uso) desde otras vertientes”…
Pérez Torres no recibió respuesta alguna, aunque el Presidente pidió al entonces ministro de Cultura y Patrimonio, Paco Velasco, que se reuniera con Pérez Torres y en un plazo de 45 días le presentaran una propuesta. Nunca se presentó una propuesta. El entonces ministro sostenía que la Casa de la Cultura tiene una gran infraestructura, a nivel nacional, pero no tiene recursos para sostenerla; y el Ministerio de Cultura tiene recursos, pero carece de personal y de infraestructura.
Por tanto, lo mejor es que se junten las dos instituciones y puedan así volverse eficientes. Pero con la llegada del nuevo ministro, Francisco Borja, y dadas las buenas relaciones que mantenía con Pérez Torres y sus respectivos asesores, desde la época compartida en la Izquierda Democrática, se dijo que la Casa no se toca y se preservará incluso su autonomía. Y Pérez Torres saltaba de contento. Pero el ministro Borja duró poco.
Lo que revela que, lamentablemente, en temas de cultura y patrimonio, luego de 8 años no hay una política pública, y son más bien criterios personales de los ministros -o del Presidente- los que se imponen.
Ahora bien, todos sabemos que la Casa de la Cultura es una institución anquilosada, ineficiente y con modelos de gestión obsoletos. El mismo Pérez Torres expresó a su llegada a la presidencia “que la Casa está enferma y grave”. Y lo penoso es que ciertamente siga grave. Es más, agonizante, por el continuo recorte en su presupuesto y falta de un nuevo modelo de gestión que responda a las necesidades actuales.
Lo mismo sucede con el Consejo Nacional de Cultura, creado para administrar los fondos prevenientes del 2% de Autoridad Portuaria, que prácticamente está muerto en vida.
Así, el tiempo político está a punto de terminar y no queda más que asumir la responsabilidad de articular la institucionalidad cultural, determinar recursos, incentivos para el sector privado y, sobre todo, establecer políticas públicas para el fomento de un sector, el cultural, que debe convertirse en vanguardia de todo verdadero proceso de cambio y transformación. (O)