Reconocerme feminista fue provocar un prolongado silencio. Y hoy, cuando lo expongo como una tesis política revolucionaria, hay quienes se descomponen frente al género visto como una construcción social no puramente biológica, que cuestiona masculinidades, feminidades y los nomos de la sociedad reflejados en roles impuestos, en la idea “moral” de la familia, la tarea reproductiva asignada a mujeres y el papel proveedor de los varones, legado clerical de la Colonia.
Ser feminista es cuestionar el sistema político y económico de las desigualdades y explotación con variados mecanismos, como la esclavitud, negación de derechos y otras atrocidades de la historia. Actualmente el consumo es también una herramienta de sumisión al sistema financiero. Las mujeres, en este contexto, hemos sido las oprimidas, pues alcanzamos nuestros derechos mucho más tarde y siempre con mayores esfuerzos.
Pese a nadar contra la corriente, las feministas hemos colocado en el debate público el “género” diferenciándolo de la orientación sexual, abordado desde las transformaciones sociales y culturales con estrategias legales para quebrar al patriarcado, incorporamos la igualdad en el lenguaje político, aprendimos a denunciar la violencia en la casa y en la calle. En este trayecto, muchas dejaron su vida, las insumisas fueron y somos aún tildadas de herejes, pecadoras y demás.
Pero también aprendimos a inventar nuevas formas de lucha, últimamente: la Marcha Putas Ecuador, colectivos urbanos, la respuesta creativa al minoritario 14 Millones, la difusión constante de ideas y tareas en redes sociales, la deconstrucción del lenguaje machista, la voz, la música y la voluntad, son muestra de que aún es posible cambiar las relaciones de poder.
Sin embargo, en estos días no es visible un movimiento unido, necesario más que nunca dada la proximidad de la aprobación del Código Integral Penal que derogará la Ley 103, lo que es un llamado a la vigilancia y movilización para que no se produzcan retrocesos, se incluya el aborto en casos de violación, se tipifique el femicidio y el feminicidio, se instituyan las casas de acogida y en el procedimiento penal se guarden los amparos que protejan a las víctimas.
De ahí que los tiempos de la política pueden marcar la reconstrucción del movimiento social desde nuevas plataformas de lucha que, más allá de una postura de pro o antigobierno, plantea derechos plenos y atención prioritaria, conforme manda
nuestra Constitución.