Lamentablemente, todavía sobreviven unos cuantos dirigentes de partidos políticos en decadencia; unos, ensamblados en la Asamblea Nacional Constituyente, y otros, despreciados por el voto popular; acostumbrados a utilizar, como argumento, la amenaza y el insulto para exigir absurdas demandas o impugnar el derecho a expresarse de sus adversarios. La amenaza es el arma de los cobardes y el insulto es la respuesta del impostor que solo busca causarle daño al prójimo.
El desaparecido Congreso y la Asamblea Nacional, en fechas recientes, se convirtieron en el escenario de los supuestos líderes de la oposición, para agredir la dignidad y el honor de otros, amparados por la inmunidad parlamentaria y el apoyo de periodistas “independientes” que en forma disimulada festejaban ese comportamiento irregular. En los últimos años de actividad en esa función del Estado se registran casos de legisladores que, carentes de atributos y ansiosos de lograr notoriedad, centraban injurias contra el Presidente de la República y sus cercanos colaboradores.
El político calumniador carece de dotes morales, se cree un ser superior, se mofa de los demás y no mira sus propios defectos. Los contumaces insultadores, que fueron castigados en la última contienda electoral, ahora guardan silencio; ya no podrán invocar la inmunidad, si acaso pretenden continuar con su labor difamadora en el quehacer partidista. Los asambleístas insultadores fungen de valientes, pero a la hora de enfrentarse a la justicia tiemblan en su interior y tratan de confundir sus expresiones para eludir responsabilidades.
Cuando se suponía superada la etapa de irrespeto en la vida política, el dirigente del PRE, Abdalá Bucaram, en una sesión de la Asamblea, luego de la intervención de la legisladora Betty Carrillo, expresó: “A aquellas que quieren dar clases de moral, antes de vestirse de moral, es mejor que anden desnudas, porque andan bebiendo y bailando con los asesores en los pasillos de la Asamblea”. Por su precipitación, el asambleísta se olvidó de que el Art. 165 de la Ley del Legislativo establece que “maltratar de palabra o de obra a los asambleístas o funcionarios de la Asamblea Nacional es una falta grave”, que será sancionada.
Confiamos en que no se volverá a la oscura etapa de la vulgaridad y de irrespeto a pretexto de defender tesis o puntos de vista. La justicia rige como norma de convivencia e incluye sanción a los transgresores. Como la conducta del pendenciero proviene de una formación deficiente, es aplicable un urgente tratamiento de rehabilitación para reubicar al belicoso en el medio social. El diálogo es de los sabios y ayuda a buscar soluciones acertadas. El insulto machista es actividad egoísta: “no dejan hacer lo que él no puede”. Se equivoca el insultador o confunde la tolerancia, que incluye el derecho a pensar y escuchar, con la paciencia, que significa soportar la injuria, pero hasta cierto límite. La respuesta para defender el honor de las personas y castigar al asambleísta calumniador consta en la Ley del Legislativo. La impunidad es burla de la justicia y crea desconfianza en la ciudadanía. Todos tenemos el compromiso de contribuir al rescate de los valores éticos, que tanta falta nos hacen, para afianzar la solidaridad, la paz y la justicia social.