La OEA está vieja; no representa la actual condición latinoamericana, mezclando a nuestros países con el Gran Vigilante del Norte. Surgió durante la Guerra Fría y hoy nuevos organismos como CELAC o UNASUR cumplen con mucha mejoría funciones análogas a las que pretendió sostener la OEA.
Pero las burocracias no se suicidan y el Imperio no ceja. Por ello, la OEA sigue allí. Y mientras siga, continúan en funciones sus diferentes dependencias, tal el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es una comisión que ha realizado aportes importantes cuando la población ha sido atropellada en sus derechos básicos, tal fue el caso de la dictadura argentina surgida en 1976. Por entonces, la visita de la CIDH a ese país resultó un hito para poner algún parcial reparo a la discrecionalidad criminal de la dictadura.
Pero la doctrina de la comisión debiera renovarse, tal cual viene reclamando Ecuador en el foro mismo de la OEA donde -por cierto- no resulta fácil encontrar eco a esta inquietud. Bajo la idea de que quien siempre es sospechado de atropellar los derechos humanos sería el Estado (como sucedía efectivamente con las dictaduras), la CIDH se hace eco de acusaciones curiosas, como la pretendida falta de libertad de prensa en vigencia de gobiernos democráticos. Lo curioso es que siempre tal pretendida "falta de libertad" se da cuando hay gobiernos progresistas instalados. Los gobiernos votados, pero de derecha, "no afectan la libertad de prensa" en tanto, como es obvio, la gran prensa está de acuerdo con ellos, cuando no son exactamente los mismos personajes los que se ubican en ambos lados del mostrador (gobierno y medios).
Cuando cuasi-monopolios mediáticos denuncian una inexistente falta de libertad de prensa como ariete político contra los gobiernos populares, la CIDH se pone del lado de las derechas y los grandes empresarios en contra de los gobiernos. Se pronuncia contra la población, que es la que apoya a esos gobiernos; y en pro de pequeñas élites privilegiadas en lo económico. Desconoce así el derecho a la libre información de la población (que tiene acceso sólo a unos pocos medios hegemónicos) e ignora la paradoja semigrotesca de que quienes denuncian que no habría libertad de prensa cuentan con toda la libertad que permite denunciarla en los medios, lo que inhabilita el significado de esa denuncia.
De tal modo, la renovación de la CIDH que quedó abierta tras las últimas sesiones de la entidad, ojalá se cumplimente en algún momento.
Una puesta al día doctrinaria y conceptual, impediría comparar burdamente a gobiernos de neto apoyo popular con gobiernos dictatoriales de derecha que, en el caso argentino y para mostrar cuán grande es la diferencia de situación, se desapareció y asesinó a alrededor de 100 periodistas entre 1976 y 1983.