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El Telégrafo
Ana Marcela Paredes

Reforma electoral

18 de mayo de 2019

Después de la última jornada electoral me quedan dos preguntas como ciudadana: ¿es ese abanico de opciones un sinónimo de pluralismo?, y, ¿cómo fue posible llegar a este punto de caos informativo?

Desde 1945 existe un organismo creado para garantizar la democracia en el país, que según las circunstancias se ha adecuado en cuanto a integración, funciones y competencias. La nueva concepción de 2008 perseguía contar con una función electoral conformada por: Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y Consejo Nacional Electoral (CNE), dotándole a este último funciones administrativas con el mismo nivel jerárquico que influiría en su independencia.

El último intento por aportar con reformas al Código de la Democracia fue presentado en 2017 por el CNE e incluía, entre otras: fortalecimiento del control político y social, procedimientos administrativos y legales, y fomento a la inclusión social de grupos vulnerables. Recordemos que ese CNE apoyó al colectivo LGBTI para el respeto de sus derechos. El proyecto de reforma no prosperó, y aún permanece en suspenso su análisis en segundo debate, desde su presentación.

A decir de Hugo Picado, en su libro Reforma Electoral (2018), por más necesaria que sea una reforma, esta no pasará si la institución rectora no actúa como actor inserto en el entramado de las negociaciones de la reforma. Es decir, el actual CNE debe contar con esa capacidad de incidencia con la Asamblea.

A más de las propuestas debatidas al interior del organismo, considero que es el momento para incluir dos importantes temas: la innovación tecnológica en el voto, principalmente aplicable a las juntas en el exterior, donde los costos del voto son muy altos para Ecuador.

Abrir esta posibilidad significa el desarrollo de nuevas tecnologías para que los ciudadanos podamos ejercer nuestra democracia directa, contando, por ejemplo, con un aplicativo móvil que reemplace la responsabilidad centralizada de un solo auditor. Y la profesionalización de los funcionarios electorales. Parte de los problemas de los que hemos sido testigos se debe a la volatilidad de quienes, como funcionarios de esta función, no reflejan aquel rol de promotor y facilitador de una democracia de calidad.

Nuevamente, en 2021 nos veremos abocados a una elección, esperemos con mejores condiciones y reglas asumidas por todos con un sentido de corresponsabilidad. (O)

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