El 15 de noviembre proseguirán en La Habana “las conversaciones bilaterales” entre el Gobierno colombiano y las FARC para llegar, en esta segunda etapa, a acuerdos sobre los cinco puntos de la Agenda General adoptada. El primer tema, Desarrollo rural, es fundamental, más allá de la restitución de tierras; su objetivo final es una auténtica reforma agraria integral inaplazable.
El diagnóstico es claro para la guerrilla campesina, y el Gobierno ha comprendido la importancia crítica de la tierra en el conflicto, de suerte que se tiene camino andado que evite entrar en discusiones banales.
Se conoce el altísimo índice de concentración de la tierra y la desposesión y pobreza de campesinos, indígenas y afrocolombianos. El mismo presidente Santos lo ha reconocido señalando que “peor aún, un 25 %, para nuestra vergüenza y preocupación, vive en la indigencia”. También es sabido que pueden ser 10 millones las hectáreas apropiadas ilegalmente, que han dejado millones de desplazados en busca de restitución. Lo importante es que los acuerdos busquen soluciones concretas que sean realizables.
Pertinentemente, está disponible el último Informe de Desarrollo Humano de Colombia, PNUD 2011 “Colombia Rural, Razones para la Esperanza”, dedicado a la “Reforma rural transformadora para modernizar y democratizar a Colombia”, que presenta una radiografía actualizada de la realidad del agro y propone una hoja de ruta. Será útil tenerlo en cuenta. El informe destaca que “Colombia no podrá saldar el histórico conflicto agrario sin una reforma rural transformadora que no da más espera” e invita a hacer de lo rural un eje fundamental del desarrollo del país, con equidad, inclusión y democracia.
Las FARC tienen una oportunidad excepcional para exponer sus ideas, constructivamente, evitando planteamientos maniqueos sobre un único culpable, que tampoco puede pretender el Gobierno.
Sin eludir sus propias responsabilidades, las FARC no pueden negar que se han enriquecido por desposesión, entre otras formas, por apropiación de tierras a la fuerza (se habla de hasta 1.600,000 ha, de las que, al menos 807.000, están identificadas por sus dueños). No es disculpa válida que son más los que lo han hecho, paramilitares, empresarios etc.
Su credibilidad para la nueva etapa, si abandonan la vía armada y siguen su lucha en la política, va a depender de su adhesión a la verdad, y de acciones concretas como restituir tierras y ofrecer reparación a sus víctimas, lo que no es “intrascendente” como lo han proclamado.