¿Qué es el Estado? Es la representación del interés general, que conocemos. ¿Hasta dónde debemos intervenir como Estado? No hay una teoría que nos indique el tamaño “óptimo” del Estado, ya que depende de factores políticos, culturales, institucionales y económicos.
Para la economía neoclásica (el pensamiento ortodoxo, sustento “teórico” del neoliberalismo), la intervención sería pertinente cuando se producen los “fallos” del mercado: monopolios, información imperfecta, bienes públicos y externalidades. La idea de Max Weber es la de que el Estado sirve para controlar la ambición extrema. Para la economía keynesiana, la intervención se justifica para lograr el pleno empleo, lo que acarrea un conjunto de otras intervenciones que regulan las políticas fiscal y monetaria. Para la llamada “economía del desarrollo”, la intervención del Estado suplanta la carencia de “empresarios schumpeterianos” (aquellos con capacidad de innovación) y permite generar nuevos mercados necesarios.
La intervención “económica” del Estado en la economía es coherente, en cualquier visión. Pero el tema de los derechos y garantías reviste problemas adicionales para las doctrinas económicas que parten del concepto atomista del ser humano como homo economicus (básicamente productor o consumidor de bienes y servicios). En la estricta ortodoxia económica, el Estado solo debería garantizar los derechos de propiedad, a partir de los cuales las transacciones de mercado determinarían la mejor asignación de recursos, sin que importen los problemas distributivos.
Podríamos lograr un tratamiento apropiado, a partir de las teorías institucionales de la economía, que permiten analizar el ambiente social (hecho de instituciones) en el que se desarrolla el juego económico. Esta sería la puerta de salida para tener una discusión más prolija, sociológica y política, que nos permita analizar la estructura jurídica amplia en la que se contienen los derechos y las garantías.
Esto lleva a demarcar, en términos políticos, el ámbito de intervención del Estado, en los diversos campos. Veamos el caso en el plano social. La primera responsabilidad corresponde a los padres. Son ellos quienes, idealmente, deben velar por el bienestar de sus hijos. La maternidad y la paternidad son, en primer lugar, responsabilidades individuales.
El problema comienza cuando constatamos que vivimos en una sociedad en la que las capacidades, relaciones y funcionamientos de las personas pueden ser muy heterogéneas y desiguales (familias monoparentales o con ausencia de padres, etc.). Entonces, el Estado, sin vulnerar las opciones y preferencias (los derechos y deberes) de las madres y padres, debe propender a equilibrar también las inequidades sociales. La redefinición del Estado es fundamental.