Las inundaciones y sequías, eventos climáticos cuyas consecuencias negativas para la producción agrícola son catastróficas, se advierten cuando llegan a niveles críticos causando la justa alarma de la población.
En estas circunstancias, las autoridades responsables de prevenirlas aparecen como culpables de estos acontecimientos que se vienen presentando con igual rigor desde hace muchos años, sin que se haya instaurado una política permanente para enfrentar estos imponderables.
Los proyectos de desarrollo agrícola con riego han sido una solución en países como el nuestro, que cuenta con un potencial hídrico superior al promedio mundial. Sin embargo, estas soluciones han privilegiado las inversiones para la construcción sin considerar los costes para la organización y capacitación de los usuarios, quienes utilizarán las herramientas construidas para obtener los objetivos propuestos.
Un ejemplo tenemos en el proyecto de riego Babahoyo, construido en los fértiles suelos aluviales de la planicie Cuenca del Guayas mediante la técnica de los pólderes, que consiste en la protección del área de las inundaciones mediante diques, construyendo al interior de la zona protegida una red de canales de riego y drenaje, evitando los excesos de agua en los suelos, mediante una estación de bombeo y proporcionando el riego por dos tomas, una en el río Grande y otra en el río Blanco.
Este proyecto fue construido entre los años 1974 a 1978 como un modelo “integral”, dirigido por un director dependiente de la administración central y provisto de los elementos necesarios para el éxito de la producción agropecuaria: centro de mecanización agrícola con 86 tractores y sus aperos, 52 cosechadoras, planta de procesamiento de arroz, procesadora de semilla, silos de almacenamiento, es decir, un equipo completo de herramientas que se deterioró sin lograr los objetivos.
Actualmente, lo administra la Junta de Riego, su presidente, Ing. Washington Núñez, y los usuarios están preocupados por la destrucción de las obras civiles del proyecto y han presentado diligentemente en varias oportunidades un programa técnico de recuperación.
El Estado, por primera vez, mediante el Art. 263, numeral 5, de la Constitución, establece como mandato para los Gobiernos Provinciales planificar, construir, operar y mantener los sistemas de riego, lo cual significa una oportunidad para la recuperación del proyecto Babahoyo, mediante el apoyo de las fuerzas vivas provinciales, bajo la dirección de su Junta de Usuarios.