La monarquía española pasa por tiempos difíciles. Una oleada de escándalos de grueso calibre protagonizados por diversos miembros de la familia real de la península ibérica, ha puesto en entredicho y de manera grave a la monarquía que todavía sobrevive con todas las modernidades filosóficas, científicas, tecnológicas, administrativas y económicas tan propias del siglo XXI, en una verdadera contradicción política y social. ¿Cuál es la realidad en este aparente desatino? Un prestigioso politólogo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, explica esto: “No hay incompatibilidad entre monarquía y calidad democrática. De hecho, algunos países monárquicos, como Noruega, Suecia y Dinamarca, están entre los más democráticos del mundo (…). De todos modos, tampoco es que la monarquía sea condición para la calidad democrática. Finlandia, por ejemplo, está entre los mejor posicionados y es una república”.
Y agregó: “En Europa existen ocho monarquías, el Reino Unido, España, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega y Luxemburgo. En todos ellos, la jefatura de Estado recae sobre el rey, que es un cargo hereditario, y la jefatura política y de gobierno sobre el primer ministro designado por el parlamento”. “Pero la monarquía -afirmó más adelante- es una institución exclusivamente simbólica porque carece de poder político. Su legitimidad se asienta sobre la ejemplaridad y el mantenimiento de una serie de conductas. Un escándalo de las características como las que afectan a la casa real española tiene consecuencias mayores que si el protagonista fuera un político”. A su vez el profesor Vallespin, historiador de la Universidad del País Vasco, asegura que los monarcas no tienen funciones políticas concretas, y las que eventualmente puedan ejercer no las hacen por sí mismos, sino a través del gobierno. No obstante, tienen una función constitucional muy importante, que es la de ser la representación del Estado en el exterior.
Al llegar a este punto conviene recordar los hechos de escándalo que han protagonizado algunos miembros de la casa real española, empezando por los safaris del entonces rey Juan Carlos de España en Botsuana y la cacería de elefantes en Rusia, hasta culminar con el bochornoso desvío (o malversación) de fondos públicos de España, a empresas de su hija Cristina y de su yerno Iñaki Urdangarin, pasando por el crecimiento de su fortuna logrado de manera dudosa. Por su parte, el entonces príncipe de Asturias -proclamado y coronado rey Felipe VI de España el reciente 18 de junio, luego de la abdicación del rey Juan Carlos, pese a la dura crisis económica que en 2013 ya golpeaba duramente al pueblo español -así como su padre-, pidió un aumento a su sueldo, lo que fue calificado por el pueblo como un acto desconsiderado para el Estado español y sus ciudadanos. Y generando malestar, tanto dentro de la familia real como para algunos de los sectores del pueblo, que son más exigentes con el protocolo que regía a los miembros de la familia real, el heredero Felipe de Borbón, príncipe de Asturias, contrajo matrimonio hace 10 años con la plebeya periodista Letizia Ortiz, una ciudadana divorciada que actualmente es la reina de España.
Todos aquellos acontecimientos llevaron a un punto crítico la paciencia de los sectores españoles de oposición, quienes, bajo las voceadas consignas ‘España mañana será republicana’ y ‘Solo abdicación, no a la sucesión’, organizaron multitudinarias concentraciones y marchas en diversas ciudades para manifestar su protesta y descontento hacia la existencia de la monarquía en su país, sumándose así a los grupos de parlamentarios opositores, que exigen la organización de un referéndum, a fin de que sea el pueblo el que decida si debe continuar o debe desaparecer la monarquía en España.