El Gobierno de España, respaldado por la Unión Europea, se ha llenado la boca de una patriotismo impropio de una monarquía que financia excursiones de cacería. Lo digo por esas muestras de apoyo, casi chauvinista, del presidente Rajoy hacia Repsol-YPF, bajo la línea de: “Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad contra esos intereses (los de España), el Gobierno los interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el Gobierno de España”, según su Ministro de Industria.
Esto durante una de las peores debacles sociales y económicas que ha sufrido España en las últimas décadas. Y lo menciono porque el Gobierno español, al igual que la Unión Europea, está dispuesto a usar todo su arsenal económico y político para defender “nuestras empresas”, como las calificaría Rajoy; pero no ha mostrado tanta apertura para buscar soluciones a sus problemas internos.
¿Nuestras empresas? Repsol, como toda transnacional, hace honor a su calidad administrativa: traspasa el concepto de Estado. Responde únicamente a sus accionistas y ha demostrado que cree en un código de comportamiento especial que está por encima de cualquier marco legal. Y en última instancia, la contribución de Repsol a España es mínima, si no es ninguna. Usando la misma retórica nacionalista con la cual la presidenta Kirchner planteó la necesidad de nacionalizar Repsol-YPF, el presidente Rajoy intenta convencer a sus votantes que Repsol de hecho representa al pueblo español.
Una empresa que no da trabajo a españoles (salvo los accionistas, incluido su presidente, Antonio Brufau, quien se embolsó más de 7 millones de euros en 2011), que no paga impuestos en España (ni en ninguna parte del mundo) y que tampoco reinvierte en España (menos en Argentina). Para los argentinos ha sido peor. Entonces volvemos a toparnos con gobiernos que están dispuestos a luchar, a capa y espada, por las corporaciones; pero al momento de pedir una rendición de cuentas o responsabilidad por sus acciones, hacen mutis por la causa.
Corporaciones que se jactan de su compromiso ambiental y con los derechos humanos, que piden a sus departamentos de relaciones públicas que elaboren sus códigos de ética (pero son incapaces de socializarlos con sus propios trabajadores, menos aceptar veedurías independientes) y que esos mismos departamentos se encarguen de solucionar sus acciones que, si no llegan a ser dolosas, son antiéticas.
Basta con recordar su paso por Ecuador, donde no existía un sindicato de trabajadores por miedo a las represalias, donde las Fuerzas Armadas se convirtieron en su propia guardia privada, donde eludían impuestos basando sus sedes en paraísos fiscales (no en España) y donde provocaron serio daño ambiental en la reserva del Yasuní, donde son los waoranis los que ahora cargan con las consecuencias. En el marco de la hipocresía internacional, a diferencia del caso con el elefante, aquí no hubo una sola disculpa.