Radicalizar la deliberación pública para democratizar la representación

Para la derecha mediática, los “líderes de opinión pública” y ciertas voces en redes sociales, es perjudicial para la democracia y la política que ex profesionales del deporte, personas vinculadas a la actuación en TV y artes, hayan presentado sus candidaturas para la Asamblea Nacional.

Las democracias liberales -de anclaje burgués desde el retorno a la constitucionalidad como la nuestra en 1978- atravesaron una crisis de representación por las siguientes razones: 1) Sus incapacidades para expresar las cambiantes demandas e identidades societales; 2) La carencia de repertorios institucionales que puedan dar respuestas incluyentes, equitativas y democráticas a aquellas; y 3) La falta de incorporación de la participación social en la organización del poder. Por esto, las complejas dinámicas y las particularidades por las que atraviesa la sociedad ecuatoriana -en su constante innovación-, ya no pueden ser atendidas únicamente a partir de las instituciones representativas políticas formales o tradicionales. Esto obliga a pensar en la necesidad que tiene esta democracia de incorporar instancias participativas, que se complementen con las representativas, para replantear la política y su esquema de funcionamiento hacia dispositivos e instrumentos posliberales. Lo cual pasa por incorporar otras identidades y segmentos sociales para que disputen la representación política hacia condiciones más participativas e incluyentes. Ya anunciaba Benjamín Arditi que las distintas migraciones que afronta la política crean un “escenario polifónico en el cual múltiples voces hablan el lenguaje de la política desde distintos lugares de enunciación”. Cuando nos remitimos a nuestra historia política, evidenciamos que las transformaciones progresistas alcanzadas por los colectivos de mujeres, afroecuatorianos, montubios, indígenas, ambientalistas, GLBTI, niños y adolescentes, entre otros, han sido precisamente a partir de la resistencia social porque la institucionalidad representativa se encargó permanentemente de cerrarles sus puertas.

El modelo de democracia ecuatoriana privilegió excesivamente los procedimientos de la representación política liberal, que menoscabó los canales y segmentos participativos del sistema político, agotándolo a las decisiones últimas que puedan tomar las maquinarias electorales y los dueños de los partidos. Eso también se expresó en que solamente los individuos iluminados y los grandes expertos en legislación, administración pública y materias de control administrativo puedan ser tomados en cuenta como candidatos a diputados, cuando esto terminó por excluir de la participación democrática a las grandes mayorías del país. Es decir, que solamente los grupos de ciudadanos “notables” y que tenían suficientes vínculos con los capitales financieros para costear una campaña electoral se convertían en los únicos ungidos representantes de la sociedad ante el Parlamento. 

Una de las condiciones indispensables para ampliar y democratizar la comunidad política de una sociedad, pasa por la de generar mayores condiciones de participación -como lo alcanzado en el texto constitucional: ejercicio del sufragio de las y los jóvenes de 16 años, de miembros de la fuerza pública, de personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada y extranjeros residentes-. Pero también es imperativo avanzar hacia otras condiciones desde las organizaciones políticas, para que estas puedan incluir a personas que respondan a la diversidad de identidades, culturas, pueblos y nacionalidades que componen la nación ecuatoriana. La postulación como candidato a una dignidad de elección popular deviene en un derecho de participación; empero también el quehacer público del recinto parlamentario requiere personas provenientes de esa diversidad heterogénea que somos, para que aporten poniendo en escena los conflictos y antagonismos presentes en una sociedad, no para exacerbarlos, sino para recuperar a la Asamblea como la esfera propositiva de ideas e identidades que definen un proyecto político nacional a partir de luchas democráticas, desterrando las condensaciones desestabilizadoras.

Corresponde a las y los candidatos y a la sociedad, promover diálogos permanentes para escudriñar su plan de trabajo, verificar cómo conciben la situación actual de cada provincia y del país, identificar qué proyectos de ley nuevos y reformatorios plantean, escrutar los medios de verificación que sugieren para cumplir procesos serios de fiscalización. Radicalizar el debate público implica que los medios -públicos y privados- asuman con rigor una comparación temática y programática de los planes, para la discusión amplia y plural, sin convertirse en jefes de campaña de sus candidatos afines. Exijamos que se conviertan en agentes comunicativos y expositores de información relevante, que permita desmercantilizar y descolonizar la representación política, para hacerla más participativa; con una esfera pública caracterizada por el intercambio abierto de reflexiones entre electores y candidatos, sin que aparezca el padrinazgo político de la prensa. 

*Docente universitario