A nuestra sociedad aún le cuesta reconocer el trabajo doméstico como productivo. Sin embargo, en la Constitución de Montecristi este tema fue abordado en varios artículos, pero está tardando más de la cuenta en hacerse realidad.
Apenas una de las medidas para emprender en este reconocimiento es el proyecto que se ha puesto en discusión sobre la seguridad social para las “amas de casa”. Según esta iniciativa, se descontará un 3,41% del sueldo del cónyuge trabajador como aporte para efectivizar la afiliación de su esposa, asunto que ha generado más de un acalorado debate sobre las “graves consecuencias a la paz familiar” que esto podría ocasionar.
Lo que en círculos académicos se ha dado en llamar la economía del cuidado, no es más que el trabajo sucio y no tan sucio, que debe realizarse a diario en casa o fuera de ella, que implica una minucia de actividades cotidianas, invisibles, tediosas, tremendamente estigmatizadas, y que a casi nadie le gusta realizar, pero que las mujeres lo hemos venido haciendo, de acuerdo a una infame división sexual del trabajo.
Es tan agotador este trabajo para las mujeres ecuatorianas que, de acuerdo a la última encuesta del uso del tiempo (INEC, 2012), invertimos el doble del tiempo que los hombres en arreglar la casa, en hacer las compras y en ayudar en tareas escolares; mientras que en arreglo de ropa y en cuidado de niños y ancianos, las mujeres invertimos tres veces más tiempo que los hombres; y en preparación de alimentos batimos récord, puesto que nos dedicamos cinco veces más que los hombres a esta tarea. Dice una ama de casa entrevistada: “Nosotras somos las que nos levantamos más de mañana y nos acostamos más tarde, porque hasta el último plato sucio hay que dejarlo lavado” (Radio City, en Ecuador Inmediato, edición 3240).
Esta realidad merece un reconocimiento traducido en un aporte económico, no solo de los cónyuges, sino del Estado y de la sociedad. Esto implica que, independientemente de su estado civil y de su condición de madre soltera, casada, viuda o divorciada, las mujeres deben tener el derecho a la seguridad social, pero también a una remuneración por este trabajo.
Estas políticas se enmarcan en un nuevo sistema de valoración de trabajo no remunerado, que incluye la urgente necesidad de cuantificar el valor económico del trabajo doméstico, y su equivalencia en relación al PIB.
Solo en la medida en que, desde el Estado y la sociedad, el trabajo de cuidado sea valorado y visibilizado, será reconocido y podremos empezar a hablar de una efectiva redistribución de estas tareas entre todos los miembros de las familias ecuatorianas.