El cobarde, a la hora de enfrentarse a la justicia, huye, desesperado, se refugia en algún sitio inaccesible, se cambia de identidad o se oculta en el más vergonzoso anonimato. El transgresor de la ley, se trate de cualquier persona, de rango social, político o económico, deberá someterse al imperio de la ley, como acción garante para preservar la confianza y el orden.
El cobarde agresivo, insultador o de comportamiento anormal, tras incurrir en denigrante desatino, si es asambleísta o político, se ampara en la inmunidad parlamentaria o simplemente fuga y se interna en la selva; y si se trata de un articulista, busca protección en los organismos de derechos humanos o supuestamente gremiales, controlados por los dueños de los medios de comunicación ‘independientes’ y, como pretexto, se queja de que se está atentando contra la libertad de expresión, muletilla cansina, reactivada continuamente con fines políticos.
La masacre de los caricaturistas franceses de la revista Charles Hebdo, perpetrada por fanáticos musulmanes, secuela de otros hechos terroristas, merece el rechazo universal. El horrendo atentado ha generado amplios debates sobre la libertad de expresión y sus limitaciones. Se ha condenado el alevoso atentado y también se pide fomentar la armonía y no insistir en la ofensa y el odio.
Los periodistas privados que apoyan a los políticos de oposición al régimen del Buen Vivir, confunden, intencionalmente, opinión con injuria, el derecho a la crítica con la calumnia. Agreden, sin importarles la dignidad de otros y fugan cuando sienten el desprecio ciudadano y la apertura del enjuiciamiento penal.
Por falta de control, hoy proliferan mensajes ofensivos en las redes sociales y cuando se anuncia investigación para identificar a los impostores sus defensores argumentan, que el ‘tuitero’ obra con entera libertad, amparado en el anonimato. Es coherente el apoyo de las empresas periodísticas y la SIP (Sindicato de dueños de periódicos) a los ‘tuiteros’, pero no es correcto confundir crítica con injuria grave, delito penado por la ley.
El gobierno de la Revolución Ciudadana, como ningún otro de las últimas décadas, tolera a la oposición política, la postura de los agresivos columnistas, pero altivos, y las marchas de protesta pública, dentro del marco de la ley. No acepta jamás el irrespeto, la calumnia y la conspiración. Esos desplantes constan como respuesta en las leyes de la República.
Paradójicamente, asombra que algunos periodistas de opinión, seguramente alterados, que en sus columnas difunden lo que les da la gana, vociferen que en Ecuador la libertad de expresión no existe, se la mantiene restringida o secuestrada. Lo que se contempla en la realidad es que los medios comerciales están perdiendo espacio y credibilidad por sus constantes agresiones al líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, y su silencio o distorsión a su gran obra social. A vista de los ecuatorianos, la libertad de expresión rige, hay libertad para expresarse, pero no para ofender y matar.
La bullanga de los ‘tuiteros’, y de otros, pronto caerá en el vacío, porque la mentira y la injuria carecen de espacio. Hoy la Ley de Comunicación y sus organismos se aplican en su dimensión en el crucial momento histórico de cambio en el país y el continente. El periodismo no es poder, es un instrumento al servicio de la humanidad.