Que hayan especímenes nefastos que han hecho de la evasión tributaria la mayor fuente de enriquecimiento en desmedro del derecho del pueblo a la salud, educación, vialidad, vivienda, infraestructura sanitaria, confirma la regla de que hay también de los éticos que cumplen a cabalidad sus deberes fiscales, en consuelo de que no todo está perdido, que los mañosos son mínimos y los honestos somos más.
Pero resulta reprochable que el titular de una de las poderosas cámaras de la producción, la de Comercio de Guayaquil, haya salido en defensa del mayor evasor tributario que a renglón seguido del vergonzoso castigo que recibió en las urnas, hizo noticia por haberse fugado del país de manera sospechosa, sin dejar indicios del supuesto viaje en los registros migratorios.
Hay la lectura adicional de que aún quedan evidencias de corrupción en la torcida actuación de una jueza que concedió al magnate un hábeas corpus previsto solamente para quienes sufren la privación o la amenaza de privación de la libertad. El susodicho era tan libre como el viento que se paseó orondo por todo el país, ensuciando con sus dádivas el proceso electoral. Y ante la condigna sanción que debe recibir la prevaricadora judicial, seguro que se ha de declarar perseguida política, con el coro mediático de fondo.
La CCG ha sido reconocida por su empeño en brindar capacitación a sus asociados, sobre todo en materia tributaria, para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones con el Estado, tanto más que ha coordinado con el SRI frecuentes módulos de adiestramiento y actualización, con un permanente flujo de consultas que ha sido atendido oportunamente por la entidad recaudadora. De pronto se produce la reacción visceral de su presidente, alegando la existencia de una supuesta persecución a grupos económicos y abogando a favor del multimillonario evasor, en una actitud impresentable, cercana al desacato y desobediencia civil con la que gustan amenazar ciertas cúpulas empresariales, con la velada intención de someter a un Gobierno que con la orientación equitativa e incluyente del gasto público ha legitimado su derecho a recaudar más impuestos precisamente de los que nunca antes pagaron, creando con ello una verdadera ciudadanía fiscal.
¡Qué vergüenza! En otras latitudes han de pensar que todos los agremiados de la CCG no quieren pagar sus tributos. Y no es así. En honor a la constatación histórica, es verdad que se ha incrementado en forma espectacular la recaudación tributaria, afianzando con ello una mayor dependencia del Estado a sus ingresos permanentes, ante la contingencia de la renta petrolera. Además queda en evidencia que los empresarios están contando más utilidades, desmintiendo el discurso tufoso de sus cajas de resonancia sobre una supuesta disminución de la inversión, sobre todo extranjera. Con la Revolución Ciudadana todos estamos mejor, inclusive “esa gente”; pero, ¡por Dios!, no defiendan a los evasores.