Al incorporar los derechos de la naturaleza en la Constitución, Ecuador se colocó ante un desafío extraordinario: hacer una revolución que garantice los derechos humanos e incluso los de la naturaleza en democracia. No es fácil. En los procesos de integración regional y construcción de la Patria Grande, se debe entrar con niveles de competencia, para generar intercambios favorables, aprovechando los recursos naturales de manera limpia e inteligente. Así el Gobierno de la Revolución Ciudadana acepta el desafío y lanza propuestas y leyes audaces. La apuesta más visible es la del Yasuní ITT. Mantener el petróleo bajo tierra y garantizar para la humanidad un pulmón protector y protegido.
Se pide a cambio la solidaria inversión en un fideicomiso. La respuesta es muy pobre. Buenos para el saqueo y la crítica, los gobiernos del mundo capitalista, los multimillonarios y las ONG ambientalistas no logran juntar el dinero propuesto. El 0,5% de lo que anuncia la revista Forbes hubiera llenado las expectativas totales. El 4% de la fortuna personal de Carlos Slim hubiera permitido contar con este pequeño y gran edén: el Yasuní. La propuesta sigue vigente, sin embargo, hay tambores de guerra en los alrededores y el redoble no viene del Gobierno. Hace tres meses dos ancianos huaorani son ajusticiados por hombres taromenani. En represalia, parece que entre 18 y 30 taromenani-tagaeri son muertos por un grupo huaorani. Hay evidencia del uso de armas de fuego en esta presunta matanza.
El Estado reacciona y organiza dos comisiones. Una que incorpora al Ministerio de Justicia, el Fiscal, un juez y antropólogos. Esta comisión deberá determinar quiénes son los culpables y encontrar una forma de sanción en el marco de la Constitución, las leyes, el debido proceso y el respeto a las culturas originarias. Otra comisión es la que deberá tener una propuesta integral para el tema de los pueblos “en aislamiento voluntario”, o “renuentes al contacto con el exterior”, o “no contactados” (aunque esta última denominación es engañosa porque niega la larga historia de siglos y décadas de movimientos territoriales y humanos en esta región de la Amazonía ecuatoriana y peruana). Esta clasificación de “no contactados” ignora, sobre todo, el largo período de coloniaje y las décadas de expansión capitalista descontrolada (época del caucho, explotación forestal, petróleo y expansión de la frontera agroforestal). (En cursiva, Varese Stefano, Ayuda memoria para tratar de entender. Inédito)
En este marco no faltan los profetas del pasado, como los llamó René Núñez Téllez, intelectual y combatiente sandinista. Aquellos que anuncian a voz en cuello ¡Ya lo sabíamos y no se hizo nada! Pronunciamientos y críticas y vestiduras que se rasgan, sentados en sus cómodas tribunas, sin comprometerse. La más reciente, el 5 de agosto, un artículo de la Deutsche Welle (DW), firmado por Ewa Usi, citando a la organización Salva la Selva, dice que “(el gobierno) investigue y sancione los hechos ocurridos e implemente una política efectiva para proteger a los pueblos no contactados. Más de 63.400 personas han firmado una carta petitoria. La organización Salva la Selva hizo un llamado a sumarse a la iniciativa desde junio pasado”.
El artículo continúa con sus aciertos y desaciertos, y con la tristeza de una civilización que no ha sabido ni sabe respetar al planeta y sus habitantes. Siempre reclamando y exigiendo, al Gobierno del Ecuador en este caso. Si esos 63.400 voluntarios hubieran puesto mil euros cada uno tendríamos casi $ 85 millones más en la cuenta del Yasuní. La verdad es que ese artículo forma parte de esta ofensiva mediática contra el gobierno de Rafael Correa, donde todo lo que se hace y se deja de hacer es criticado de una manera despiadada.