Protección Social: La próxima discusión incómoda pero necesaria en Ecuador

Los sistemas de protección social son las expresiones de grandes pugnas históricas que se han producido tanto a un nivel doméstico como global. Su aceptación, institucionalización e implementación correcta por parte de un Estado, expresa que su interés nacional y visión de desarrollo se encuentra fundado por los principios de cualquier sociedad civilizada y decente que mantiene una preocupación por el bienestar y la supervivencia misma de la humanidad. 

Si bien se puede rastrear la idea de protección social desde el inicio de las civilizaciones agrarias, el primer intento de codificación sobre el tema se dio en Reino Unido en 1601, en donde se promulgó la denominada ley de los pobres, que establecía una responsabilidad estatal para evitar las muertes por hambruna. No obstante, los sistemas contemporáneos responden a necesidades de sociedades más complejas y constan de varios elementos. Entre ellos, medidas de asistencia e inclusión social que hacen referencia a condiciones socioeconómicas adecuadas para que la población pueda vivir dignamente, así como procesos de inclusión a los sistemas financieros y la adecuada implementación para que todos los individuos gocen de una identidad jurídica. A su vez, la seguridad social es un tema referente al acceso a la salud, sanidad y se conjuga con los programas de trabajo digno.

En Ecuador, el sistema de protección social mantiene problemas estructurales que no solamente tiene que ver con las dificultades financieras. Sino también con la falta de confianza en este, ya que sus instituciones, incluyendo el IESS, han sido relacionados con actos de corrupción, lo que se refleja en un rechazo a los aportes obligatorios por parte de trabajadores y empleadores. Por su parte, las olas migratorias en especial de ciudadanos venezolanos, así como la incapacidad económica de grandes sectores de la población que se encuentran en situación de subempleo o desempleo, que representan un 28,1% de la población en condición de trabajar, han generado un sistema paralelo a las instituciones formales del Estado. Esto provoca vulnerabilidades para gran parte de la población. No solo por que pueden ser explotados laboralmente, sino por que existen procesos y normativas discriminatorias que no permiten la inclusión financiera ni social para quienes carezcan de documentos que, por sus mismas condiciones, se tornan en imposibles de conseguir.

Varios organismos internacionales y agencias especializadas del sistema de Naciones Unidas están generando normativas y recomendaciones para que los Estados se replanteen sus sistemas sociales, teniendo en cuenta las nuevas realidades Post-Covid, y las olas de movilidad humana que se viven en el mundo. No obstante, el país se encuentra con instituciones incapaces de afrontar estas realidades. Por lo que es urgente que el gobierno se replantee sus conceptos de protección social, combata la corrupción, recupere la confianza y que afronte los sistemas paralelos que ponen en riesgo no solamente a los más vulnerables, sino a todo el sistema de protección social del país.