El Gobierno ha establecido una política de entregar las propiedades incautadas a los bancos que quebraron y a grupos económicos que no quieren pagar sus deudas tributarias. Así, se han traspasado hoteles, tierras agrícolas, haciendas a trabajadores y organizaciones de la economía solidaria, principalmente a asociaciones y cooperativas.
En efecto, el año pasado se concluyó la venta del hotel Ramada a sus trabajadores, que fue embargado al Grupo Isaías por el Fideicomiso AGD No más Impunidad. Para tal efecto se constituyó un fideicomiso (una entidad que se encarga de ejecutar acciones por pedido del fideicomitente o dueño) que compró el hotel y a su vez los trabajadores recibieron un crédito de la Corporación Financiera Nacional (CFN) para adquirirlo.
Hace tres años, los mismos trabajadores habían realizado una operación similar para comprar el negocio en marcha del hotel. Este compite en el mercado hotelero y sigue una política de comercialización, mediante convenios, que hace descuento a los funcionarios de las entidades públicas.
Así mismo, muchas tierras agrícolas, que fueron de propiedad de bancos que quebraron, han sido entregadas a asociaciones agrícolas, se les vende insumos y se le entrega créditos a través de la banca pública.
La vigencia de la Ley de Economía Popular y Solidaria creó una institucionalidad para aplicar una política de apoyo, regulación y control.La semana anterior, el Gobierno se comprometió a la venta de la hacienda La Clementina a la cooperativa de los trabajadores de esta. La misma fue incautada al grupo Noboa para recabar el pago de una deuda tributaria que tiene con el SRI. Se utilizó un mecanismo similar al del hotel Ramada. La CFN otorgará un préstamo a dicha cooperativa. Se creó un fideicomiso que se encargará de administrar la hacienda y pagar el crédito a la CFN que tiene como garantía dicha propiedad.
La hacienda La Clementina, de 12.000 hectáreas, produce banano y limones para la exportación. El negocio bananero es una cadena que incluye la producción, comercialización, distribución y venta de la fruta en países desarrollados, que es dominado por transnacionales. La ventaja de la cooperativa es que existe un contrato de comercialización firmado que asegura la venta del banano por 5 años. El Gobierno se encargará, a través del fideicomiso, del manejo profesional del negocio y que se pague el crédito.
El Gobierno no solo impulsa la economía social con la vigencia de la Ley de Economía Popular y Solidaria, que creó una institucionalidad para aplicar una política de apoyo, regulación y control de asociaciones y cooperativas productivas y de ahorro y crédito, sino que además aplica una política activa mediante la venta de propiedades incautadas a trabajadores y cooperativas con la que redistribuye el ingreso, genera más equidad y reduce la pobreza. Este es el tercer sector económico que contribuye al empleo.
Dicha ley creó la Corporación Nacional de Finanzas Populares para conceder crédito a estas organizaciones, el Instituto de Economía Popular para efectivizar los beneficios contemplados en la norma y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para el control técnico y efectivo de cooperativas y asociaciones.