Aceptémoslo: cero memoria histórica y alma de fanfarrón. Y ahora, con billete. Lástima que todo sea del banco.
El primer culpable resultó ser la gran maquinaria derrochadora de dinero: el Estado. La lógica dicta que si el Estado se ha dedicado a gastar de la manera en que lo hace, ampliando el sector público y subiendo los salarios, oh pecado, entonces ese ejemplo es el que sigue el ciudadano medio ecuatoriano. Puede ser.
Por su parte, los bancos han extendido créditos a todo vecino. No deben estar muy preocupados por el sobreendeudamiento. Los bancos nunca pierden. Ni cuando quiebran pierden. En la gran debacle económica con la cual cambiamos milenio, los únicos que ganaron fueron los bancos. También deben ser culpables.
Y luego tenemos al endeudado: 400.000 familias ecuatorianas. Ciudadanos viviendo en un país libre, de libre mercado y padeciendo los horrores del consumismo aberrante al cual estamos expuestos en cada estancia de nuestra cotidianidad. El ciudadano al que no le importa que hace apenas diez años no había ni para comer, hoy se lo gasta todo. ¿Y cómo no hacerlo? Gana más, tiene más tarjetas de crédito y se le presenta cada ganga, con “cuotitas” y sin garante, que la tentación de derrochar le puede.
Es un sistema económico que nos obliga a gastar. Dentro de todas las aberraciones que devienen de nuestro corporativismo disfrazado de capitalismo, en esta ocasión la culpa recae, sí, sobre el consumidor; pero se manifiesta como parte del propio sistema. Un problema global donde el ahorro es un mañana y deuda que no se ve no existe. No somos el primer país en caer en sobreendeudamiento. Por eso regulamos.
Pero la regulación debe ir más allá del problema superficial. Debe ser el reconocimiento de un problema estructural, incluso de aquello que nos pone incómodos. Nuestro sobreendeudamiento es una consecuencia de algo mucho más profundo. Y así como serán regulados los créditos y el endeudamiento, también deberán ser identificadas las fuentes.
Pedir la renuncia a Gustavo Iturralde por sugerir la amplitud del lavado y narcotráfico en el país no es el camino adecuado.
Aparte de los inconvenientes y las demoras que traen los cambios y las reestructuraciones, censurar a los críticos (que no necesariamente son opositores) termina por amedrentar al resto de funcionarios, quienes dejan de exponer los errores por cuidar sus puestos de trabajo (especialmente ahora, con todas estas deudas).
Y con esto, el Estado gasta tiempo y recursos, apagando incendios en vez de prevenirlos.