Cada año, la organización Transparencia Internacional (TI) publica su informe Índice de Percepción de la Corrupción, en el que de forma recurrente califica al Ecuador como uno de los países con mayor corrupción de la región. Este informe recibe todo tipo de coberturas y ecos por parte de los oligopolios mediáticos -tanto nacionales como internacionales-, sin detenerse en mayores análisis sobre la metodología utilizada, la ausencia de información objetiva y los actores que intervienen en su elaboración. ¿Acaso como una herramienta más para desprestigiar las instituciones democráticas y contar con un medio para deslegitimar la política, lo político y sus protagonistas?
Esos indicadores contemplados en el documento de TI se los construye de forma antitécnica por lo siguiente: 1) No utiliza la información de políticas ejecutadas por los órganos de control y jurisdiccionales -todos los que conforman la Función de Transparencia y Control Social, la Procuraduría General del Estado y la Función Judicial-, ni tampoco solicita a estos la información sobre su gestión institucional para analizarla y procesarla; 2) No se sustenta en instrumentos de verificación medibles; 3) No se basa en fuentes objetivas ni oficiales para contrarrestar y comparar competencias, procedimientos, leyes, períodos de administración, reformas administrativas, servicios ofrecidos y logros institucionales de acuerdo a sistemas de planificación y control públicos (PAPP, POA, PAI, PAC, PI); 4) No se rige por sustentos de casos reales, procesos identificados o hechos específicos tratados por la institucionalidad estatal; 5) Usa muestras que no reflejan criterios estadísticos amplios ni representativos, sino limitados. Es puntualmente una encuesta muy selectiva -élites reducidas de empresarios, ONG y profesionales- sobre percepciones de la corrupción y sus resultados dan a conocer únicamente apreciaciones muy subjetivas, que no señalan fuentes, caracterización de variables ni la relación a investigar, en cuanto al enfoque del funcionamiento orgánico de cada entidad que sería cuestionada. Cabe señalar que toda percepción siempre estará surcada por afectos y desafectos políticos, visiones coyunturales, criterios imprecisos, nociones inexactas que van configurando impresiones generales y sesgadas.
En ese correlato, el citado informe no representa un aporte al fomento de la ética pública y la lucha contra la corrupción en el país, porque precisamente no exhibe recomendaciones ni conclusiones para el mejoramiento de las políticas públicas en esta materia -según cada realidad institucional-. Al no investigar los instrumentos y herramientas de política, utilizados por las diferentes entidades del servicio público -en todos los niveles-, desconoce los esfuerzos e intentos que se hacen en todas las facetas de la administración estatal. Es innegable que aún tenemos rezagos de matriz colonial para las distintas dinámicas de esa administración, y en enfrentar eso es que deben diseñarse las programaciones de las políticas.
La discrecionalidad en varios ámbitos de la gestión-contratación pública, restricciones en el acceso a la información pública y falta de respuestas oportunas sobre la atención a los derechos ciudadanos deben ser los grandes ejes de acción que puedan orientar las políticas de transparencia; eso, sumado a reforzar las regulaciones y control social en: a) La organización institucional (en actos y omisiones sobre contratos públicos, actos normativos, transparencia de gestión, estructuras orgánicas por procesos, remuneraciones, presupuesto, rendición de cuentas y posibles actos de corrupción); y b) Las políticas públicas implementadas por cada entidad (ejecución de planes, programas y proyectos, atención en derechos constitucionales, provisión de obras, bienes y servicios y los procedimientos empleados).
Lo medular está en señalar la responsabilidad por una construcción soberana sobre políticas de transparencia y que contemplen las realidades de las dependencias, sin intromisiones neocoloniales que no contribuyen a nuestras problemáticas. La Función de Transparencia y Control Social aprobó el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción 2013-2017, que bien puede ser una oportunidad para impulsar mecanismos propios para mejorar la gestión pública y sumar iniciativas hacia combatir la corrupción.
Necesitamos construir políticas que enfrenten la colonialidad del poder y del saber, que vayan orientadas a crear otras epistemologías y prácticas institucionales hacia la decolonialidad del mismo Estado, para generar otros modos de ser, pensar y actuar en la interfase socio-estatal. Aquello pasa por pensar que las promesas rotas de la modernidad no podrán superarse si no identificamos los rezagos eurocéntricos de la institucionalidad. En este aspecto, un desafío es: ¿cómo pensar en un Estado más intercultural y plurinacional, que responda a nuestras identidades y visiones, desde sus políticas? Para aquello requerimos medidas e indicadores de transparencia creados por nuestras entidades públicas, sin injerencias externas que construyen mensajes políticos para desarrollar el discurso de poderes ilegítimos: capital financiero más oligopolios mediáticos.
Debemos impulsar políticas que deconstruyan el Estado dominante en dos perspectivas: radicalizar la ciudadanización y la participación en las políticas e innovar con dispositivos objetivos y reales para el seguimiento y la evaluación institucional.
*Docente universitario