El gobierno del presidente Rafael Correa estableció como una viga maestra de su mandato una política exterior sustentada en la soberanía del Ecuador y en los principios del derecho de no intervención, autodeterminación y de paz en un planeta moderno, donde las dimensiones de los Estados no solo se miden por su poderío militar, económico y cultural, también -y por sobre todo- por las manifestaciones de dignidad e independencia de las naciones frente a las agresiones de todo tipo de los enemigos de los cambios profundos que requieren los pueblos, los mismos que muchas veces se encuentran dentro y fuera de sus fronteras nacionales.
El régimen de la Revolución Ciudadana solventó un concepto fundamental en el sentido de que los asuntos extranjeros deberían estar orientados en una dinámica diplomática que, en el marco de la constitucionalidad vigente, permitiera el pluralismo ideológico, para ampliar las relaciones con muchas otras patrias del orbe, sin consideración de su régimen económico y social, incorporando así a tierras de Asia y África y el Medio Oriente al reconocimiento de nuestra república, sin pedir consentimiento a nadie, ya que en estas acciones solo primó el interés propio, dando además especial atención a los nexos con América Latina, promoviendo con denuedo la integración de nuestro continente, luchando por la creación y adhiriéndose a las nuevas organizaciones, como ALBA, Unasur y Celac, de igual manera la pertenencia a otras entidades del tercer mundo.
La preocupación permanente por los problemas de nuestros hermanos de Latinoamérica ha impulsado a la Cancillería a buscar los mecanismos para ayudar a los conglomerados azotados por desastres naturales, como los sucedidos en Haití y Cuba, con misiones solidarias; y la actitud responsable en aquellos procesos conducentes a terminar con conflictos civiles, como los de Colombia, son de relevarse, no obstante su voz enérgica y condenatoria se ha escuchado frente a los cuartelazos civiles y militares en Honduras y Paraguay.
Asimismo, es una preocupación de la política exterior la necesidad de reformar el sistema interamericano de DD.HH., adecuándolo a las realidades hemisféricas y a una práctica efectiva de sus garantías. Mas, creo yo que deben desecharse las ficciones jurídicas, como las de argüir que siendo los signatarios del Pacto de San José homogéneos en honrar la normativa sobre la base de presuntos fines, intereses comunes, puedan dar fiel y eficiente cumplimiento de sus normas en circunstancia que es obvia la diferencia de las legislaciones internas de los países.
En lo sustancial, EE.UU. no ha ratificado dicha convención y, sin embargo, la sede de la Comisión Interamericana de DD.HH. y las relatorías están en su capital. Considero que la política internacional del Ecuador, asentada en el respeto mutuo, la plena aplicación de los principios de no intervención y autodeterminación, sin reclamar ni buscar liderazgo, pero contribuyendo a las luchas por hacer imperar la justicia y la paz, es de los postulados más importantes de nuestra Constitución de Montecristi, cumplida a cabalidad.