La iniciativa Yasuní se corresponde con el principio fundamental de reconocer derechos a la naturaleza, como lo consagra la Constitución. Buscó coadyuvar en la lucha contra el calentamiento global, cuyos responsables son los países industrializados y sus transnacionales, contaminantes depredadoras del ambiente. Apenas a los 5 meses de asumir el gobierno, la propuso y formalizó Rafael Correa.
Buscó con ella mantener bajo tierra el 20% de las reservas petroleras (838 millones de barriles) en el Parque Yasuní (1 millón de ha), pulmón de la humanidad, que tiene la mayor biodiversidad del planeta; evitar envenenarlo con la generación de más de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono.
Siendo país pobre y endeudado, se estableció una condición: la corresponsabilidad financiera de la comunidad internacional, que debía aportar el 50% del valor que el país dejaría de percibir ($ 7.600 millones). Después de 6 años, ese valor subió a más de $ 18.000 millones; en cambio, se recaudó en forma efectiva apenas 13 millones, esto es menos del 0,4%.
Esa cifra minúscula muestra la perversidad del poder mundial, el egoísmo de los países desarrollados, la hipocresía de estos responsables del perjuicio climático planetario; a quienes les importa un rábano la solución del problema, cuyos efectos nocivos afectan a los países pobres; a los que, en cambio, endosan los costos. También buscan beneficiarse con sus reservas de agua y oxígeno, las mayores del planeta. Ciertas ONG son utilizadas para este propósito.
El Gobierno, que cuenta con un masivo respaldo popular, con objetividad y justeza, resolvió, según el plan B -muy a su pesar-, observando la Constitución (Art. 407), asumir de manera responsable la explotación del crudo, afectando a no más del uno por mil del territorio protegido y reducir al mínimo los daños ambientales.
Para ello, Petroamazonas utilizará técnicas avanzadas, se ampliarán las compensaciones sociales, con la entrega de más de $ 2.000 millones a la región, amén de los recursos del Estado que se orientarán a dotar de agua potable, alcantarillado, etc., para reducir las penurias de los pobres.
El falso dilema de “la vida o el petróleo” no puede impedir el uso racional del recurso para beneficio de la población pobre.
Es correcta la decisión, a pesar de la oposición politiquera de sectores manipulados por el viejo poder, la partidocracia, sus testaferros y voceros, que le hacen el coro a las transnacionales, que jamás han respetado la naturaleza ni la vida, como se ha probado con Chevron y otras en el país.
La gente, parte de aquella, es lo principal; hay que recordar que los que ahora dicen defender derechos, libertades, “resistencias”, a los pobres, la naturaleza, jamás antes, en sus gobiernos, lo hicieron; más bien depredaron, contaminaron, atracaron los fondos públicos, hipotecaron la nación, empobrecieron a la gente, la expulsaron de la patria; para ellos, la pobreza solo es parte del folclore y del turismo.
El poder mundial es depredador en todo sentido y sus sirvientes nativos, hipócritas, nada hicieron desde 1972-2007 (35 años) de ultraexplotación irracional, mucho menos consultaron al pueblo.