El filósofo y político romano Lucio Anneo Séneca dijo alguna vez: “No hay viento favorable para quien no sabe para dónde va”.
Planificar es establecer con claridad para qué y hacia dónde vamos. La planificación nos indica cómo actuar, qué estrategias debemos utilizar y cuáles serían los riesgos y desafíos que podríamos enfrentar para alcanzar las metas trazadas.
La planificación como herramienta para alcanzar los resultados proyectados dentro de estrategias integrales se revaloriza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países comienzan a elaborar planes de desarrollo en su proceso de reconstrucción. Italia, Alemania y Japón fueron pioneros en desarrollar métodos de planificación, integrando al gobierno, a los sectores empresariales y financieros, con la participación de los ciudadanos.
En América Latina y el Caribe, los países se integran al proceso de planificación a partir de la Carta de Punta del Este, aprobada por los países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos, en agosto de 1961, que impulsó las políticas de desarrollo en la región a través de la denominada Alianza para el Progreso.
La Carta comprometió a los gobiernos signatarios a lograr ambiciosas metas de crecimiento económico, modernización, bienestar social e integración internacional, y para lograrlo se requería un instrumento básico y fundamental: procesos de planificación nacional, como requisito previo para la obtención de financiamiento externo, lo que apuró a implantar programas nacionales de desarrollo económico y social.
El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, con sede en Chile, fue creado en 1962 y por más de 50 años ha desarrollado notables esfuerzos en apoyo a los gobiernos, para diseñar y perfeccionar sus estructuras con la adopción de planes a largo plazo.
Actualmente, los planes obligan a los Estados a crear visiones de desarrollo sostenible, a crear políticas económicas que incorporen transversalmente políticas sociales que promuevan la igualdad, la visibilidad de los sectores más vulnerables, el control y la evaluación de los instrumentos del sistema de planificación. Otros enfoques que se han incorporado son: el cambio climático, las tecnologías de la información y las herramientas para la participación ciudadana.
Nuestra Constitución Política, en su artículo 279, consagra el sistema descentralizado de planificación participativa para el desarrollo, conformado por el Consejo Nacional de Planificación, que integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y tendrá una secretaría técnica, que lo coordinará.
El Estado ha implantado su visión particular de organización estratégica. Es necesario modificar patrones de valores, conductas, actitudes y comportamientos en el proceso de construcción del país que queremos. Hay que fortalecer la cultura de la planificación en los modelos de gestión pública. Actuar en el presente con visión de futuro.