El derecho a la comunicación fue consagrado en la Constitución elaborada en Montecristi, la misma que fue aprobada por el pueblo.
Los medios de comunicación en Ecuador han pertenecido tradicionalmente a los grupos de poder; la información fue convertida en un negocio rentable. Pocos se atrevían a cuestionar lo que era descrito o interpretado por los medios privados; a poner en tela de juicio esa “realidad virtual” que todavía pretenden imponer a todos.
Los invitados que aparecen diariamente frente al público, para proporcionarle “información y opinión”, forman parte del círculo vicioso. Por supuesto, no dicen nada que disguste a los dueños de dichos medios.
En todos los centros educativos debe haber asignaturas y tareas para aprender a leer a los medios, para forjar seres críticos con capacidad de análisisResulta que los agentes del mercado (medios privados) son los responsables de garantizar el derecho de la ciudadanía a la información. Como todo agente económico, los medios de comunicación privados buscan el lucro. La línea editorial y el tratamiento a la información –lejos de ser objetivos– sirven a los intereses del capital. Durante la larga y triste noche neoliberal se privatizó el derecho a la información porque permaneció atado a los intereses particulares o corporativos.
Los cambios impulsados por la Revolución Ciudadana representan una amenaza a los privilegios de los mismos de siempre; por ello se oponen a la transformación de Ecuador, a la construcción de un nuevo poder centrado en la participación democrática de las ciudadanas y ciudadanos, dentro del marco de la Constitución.
El pueblo hoy está muy claro de lo que se esconde detrás de una supuesta posición objetiva y sin prejuicios de los medios privados. Ha descubierto los verdaderos intereses que persiguen y defienden.
La propuesta 22 contiene varias líneas de acción. Citaremos cuatro:
Consolidar a los medios públicos como espacios ciudadanos de comunicación, con una creciente participación social para la definición de líneas editoriales. A este proceso le corresponde -además- lograr una articulación con las facultades de comunicación, cuyos planes de estudio no han incluido el análisis y el pensamiento sobre lo que deben ser y hacer los medios públicos.
Impulsar la democratización del espectro radioeléctrico como un mecanismo para garantizar efectivamente la libertad de expresión y el derecho a la comunicación y a la información.
Fomentar una educación crítica sobre los mensajes y contenidos. Es de vital importancia que en las escuelas, colegios y universidades se generen asignaturas y tareas para aprender a leer a los medios. Con ello forjaremos seres críticos con capacidad de análisis, y la apertura para una comunicación popular y participativa.
Colocar como un tema prioritario a la comunicación en la agenda regional de organismos como la ALBA, la Unasur y la Celac, con el fin de desarrollar estrategias y acciones comunes.
El poder ilegal e ilegítimo acumulado por los medios de comunicación privados debe terminar. Es la hora de un periodismo serio, responsable, propositivo. Que defienda los intereses nacionales y no los de imperios decadentes.