Siendo un derecho constitucional el ejercer el derecho a la resistencia, este está en la lógica de lo colectivo e individual, no solo a lo que hace o deja de hacer el poder público, sino de las personas naturales o jurídicas por fuera del orden del Estado, sea cuando se vulneren los derechos constitucionales o demandando el reconocimiento de nuevos derechos. Esto es significativo en la historia del Ecuador, basado en una larga lucha contra el sistema hacendatario serrano como costeño, la banca decimonónica, el modelo neoliberal, etc.
Este derecho a la resistencia ha significado y significa una gran exigencia reflexiva de la política, no solo en sus coyunturas, sino a nivel estructural, solo así es posible desvelar el entramado político de las consignas, de las demandas formuladas ante la opinión pública y esta, como sabemos, profundamente mediada por los actores mediáticos privados. Sin duda que la resistencia está presente en todos los ámbitos sociales y se exige una maduración pedagógica-reflexiva. Esta resistencia como pedagogía no es exclusividad de quienes pueden autodefinirse como “progresistas” de izquierda o derecha, sino que debe tener la capacidad de salir de sí mismo y contrastarse con los otros actores políticos. La resistencia siempre está entre los márgenes entre lo legítimo y lo legal. Y de ahí que quien la invoque se ve en la compleja situación de, por un lado, invocar a la Constitución para legalizar sus acciones, pero, por el otro lado, la niega cuando lo que reivindica termina siendo para sus propios intereses, bajo la imagen del interés nacional como legitimidad. Esto lleva a que en un orden democrático-constitucional, donde en el juego electoral las mayorías eligen un modelo y proyecto de gobierno, hacen uso de su derecho a la resistencia, también, cuando rechazan otras propuestas electorales.
De ahí que el tiempo electoral no termina con la votación, sino que continúa bajo nuevos procedimientos. Uno de los mayores riesgos al aprendizaje, a una pedagogía de la resistencia es toda forma de esencialismo, sea de lo humano, la naturaleza o la tecnología. Peor aún, cuando a la misma se le agrega una dosis de innecesario heroísmo, dramatismo o martirio. Las reacciones a las reformas a la Ley de Minería ejemplifican lo mencionado. Ciertas organizaciones no están de acuerdo y promulgan que sus acciones dependerán de las decisiones de sus bases. La misma noción de bases ha entrado en una compleja crisis dentro de su mismo imaginario social ya que, o la dirigencia está en crisis o las bases están en crisis o el modelo de representación está en crisis; muchos dirigentes reconocen dicha crisis, pero con cada nueva elección interna parece que desapareciera hasta cuando las disputas internas o el electorado nacional/seccional les demuestra lo contrario. Además, el excesivo coyunturalismo ha afectado la tarea de reconstruir su proyecto político dirigido a toda la sociedad ecuatoriana. Con efectos nocivos para la consolidación de una sociedad plurinacional-intercultural en contexto de reivindicaciones de la patria.