En la semana pasada, en la sede de la ONU en Nueva York, un dignatario de los países sudamericanos (Evo Morales) asumió la presidencia del Grupo de los 77 (G77) países en desarrollo y China. La organización actualmente cuenta con la representación de 133 países.
La nueva presidencia rescató como propuesta el desarrollo sostenible, el cual ha sido definido como la opción para mejorar la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan. Las estrategias propuestas (UICN, Pnuma, WWF. 1991) destacan: “El desarrollo sostenible no se refiere a un estado inmutable de la naturaleza y de los recursos naturales, pero sí incorpora una perspectiva de largo plazo en el manejo de los mismos, enfatizando en la necesidad de la solidaridad hacia las actuales y futuras generaciones con equidad intergeneracional. Estableciendo la necesidad de que la dirección de la inversión y del progreso científico tecnológico esté encaminada a la satisfacción de las necesidades presentes y futuras. Excluyendo todo tipo de dominación sobre el entorno natural y los grupos humanos.
Este nuevo modelo deberá basarse en una redistribución justa de los recursos naturales y en mecanismos participativos y democráticos que permitan la presencia activa de los diferentes sectores de la población y el respeto a la autodeterminación de los pueblos”.
La utilización de los recursos naturales renovables (RNR) para el desarrollo ha sido una preocupación del Estado ecuatoriano.
En la década del sesenta se estableció la urgencia de contar con un inventario de los RNR para la planificación del desarrollo del país, esta investigación reconociendo nuestras limitaciones de información, institucionales y tecnológicas sugirieron concentrar los esfuerzos en una región de alta potencialidad de RNR: La cuenca del Guayas, con fértiles suelos agrícolas aluviales, generosa hidrología y clima favorable, reunía estos requisitos, además de contar con infraestructura básica y una población dinámica. Con el 50% de su superficie estaría en capacidad de abastecer adecuadamente las necesidades de 10 millones de habitantes con un consumo de 3.000 calorías diarias por habitante. Es decir, la población del Ecuador de aquellos tiempos.
No obstante la potencialidad positiva para el desarrollo y de las inversiones realizadas por el Estado, no se ha administrado una política coherente y sostenible para obtener los objetivos propuestos. Actualmente la Constitución favorece esta posibilidad, como veremos posteriormente.