En nuestra Constitución Política se consagra la convivencia pacífica como un valor y un principio fundamental. Su artículo 393 preceptúa: “El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”.
Ahora bien, en varios cónclaves internacionales se promueve la concertación de una agenda común de desarrollo y que, fundamentalmente, se deriva de los trabajos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, realizado en 26 países de América. Los cinco temas prioritarios recomendados son: políticas para mejorar la calidad de vida de los jóvenes; transformar las dinámicas de los asentamientos humanos; fortalecer la seguridad ciudadana con un enfoque multidimensional; alcanzar la sostenibilidad ambiental y mantener la asistencia y ayuda económica de los organismos internacionales.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo sintetiza una investigación sobre experiencias nacionales durante la última década, el cual refleja un balance de estrategias y esfuerzos para conseguir respuestas en el combate de la violencia y la criminalidad. Su trabajo titulado ‘La agenda inconclusa de la seguridad ciudadana’ nos presenta cifras contundentes que avalan los índices de criminalidad en la región. A manera de ejemplo, cito que conforme las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud, los países latinoamericanos exhiben una tasa promedio de 25,1 homicidios por cada 100 mil habitantes; incluso por encima de la de África, que es de 22,1, y mucho mayor que la tasa promedio mundial de 8,2.
Estos datos enfocados al segmento poblacional de los jóvenes de 15 a 29 años presenta también un triste liderazgo: el promedio de homicidios se incrementa a 68,3 por cada 100 mil habitantes, alcanzando un alarmante 87,3 en países y zonas menos desarrolladas. Para los ciudadanos, luego del desempleo, la inseguridad es el problema más preocupante.
Entre las recomendaciones del estudio, se establece la necesidad de articular un Pacto Nacional por la Seguridad Ciudadana como planificación estatal, que genere las políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y disminuir los delitos y la impunidad, fortaleciendo las instituciones encargadas de preservar el orden público y la justicia, con apego a la garantía de los derechos humanos.
En sus conclusiones, el BID resalta que la inseguridad incide negativamente en la calidad de la democracia, al tiempo que es un síntoma de ingobernabilidad: “El Estado democrático pierde el monopolio de la fuerza pública impuesto por el Estado de derecho imperante y, en consecuencia, se instala en el tejido social, la lógica de la ley de la selva”.