Las Organizaciones No Gubernamentales -ONG, como normalmente se conocen- tienen ya larga vida en la sociedad contemporánea; surgen en el siglo XX y obtienen, digamos, su partida de reconocimiento cuando Naciones Unidas, en 1945, establece a través de su carta fundacional la necesidad de mantener consultas con este sector en todos los ámbitos de su competencia. La importancia del sector ha conducido a que la misma ONU actualmente involucre su participación, tanto como entes consultivos y operativos en su agenda global.
La realidad social en la que se desenvuelven, por sí mismas, representa espacios de disputa política, por lo que resulta iluso suponer ausencia de posición, peor aun cuando, por su origen, hay ONG de partidos políticos como en Alemania con la Friedrich Ebert Stiftung (PSD) y Konrad Adenauer (PDC), las hay de organizaciones sindicales (APN de Noruega) y, por paradójico que parezca, existen ONG creadas por poderes estatales, como la Interamerican Foundation del Congreso de EE.UU. Aun cuando la gran mayoría proceda de la sociedad civil, siempre habrá un proyecto de sociedad implícito que marcará el sentido de sus acciones.
En esta diversidad, sin lugar a dudas, las ONG han contribuido a impulsar procesos democráticos en muchos países y con colectivos y movimientos sociales han hecho sustanciales aportes y propuestas sobre derechos humanos, equidad de género, sustentabilidad ambiental, participación ciudadana, pluriculturalidad, economía solidaria, mercado justo, etc., que muchos Estados progresivamente han incorporado como mandatos constitucionales o como políticas públicas.
Es también innegable que un vasto sector de ONG ha actuado como operadores de las teorías de modernización y desarrollo y avance de las relaciones capitalistas en territorios no integrados a los circuitos del mercado. ONG del imperio bajo el lema del desarrollo han incidido para aculturizar pueblos y avanzar tras sus recursos naturales; otras, bajo el poder de sus recursos, han introducido programas inconsultos creando paternalismo y muchas veces reemplazando a organizaciones en su rol de movilización e incidencia.
Al parecer, en esta disputa de sentidos es que la conflictividad con el Estado y los gobiernos de turno se encienden. No olvidemos que en Ecuador el auge de las ONG surge en el contexto de ausencia del Estado y de fuerte lucha contra el neoliberalismo y constituyeron importantes soportes de movilización, animación, estudios y difusión de alternativas, tanto que intelectuales y activistas de este sector han participado activamente en la construcción del Buen Vivir y en este gobierno de Revolución Ciudadana.
En esta nueva fase social y política del país, donde el Estado cobra presencia y organiza la sociedad, es absolutamente pertinente que las ONG debatan un nuevo rol, que como asociaciones civiles tienen el derecho a la existencia, a la libre expresión y a la movilización, siempre en los marcos de una perspectiva democrática y, en nuestro caso, para viabilizar el Buen Vivir. Desde los gobiernos, hay una obligación ética para abandonar los rezagos populistas y abordar la democracia seriamente, abriendo los temas más sensibles al debate, como el extractivismo, cuyo balance entre fuente de financiamiento y amenaza ecológica está siendo peligrosamente maltratado. Sin duda, en una democracia abierta, el diálogo social -donde las ONG tienen su propia voz- puede ser factor de gobernanza y gobernabilidad.