Hace quince años se iniciaba en nuestro país una explosión popular contra el gobierno del Abg. Abdala Bucaram Ortiz, quien seis meses antes se había posesionado después de triunfar sobre su contrincante, el Abog. Jaime Nebot Saadi.
El temor a un gobierno fascista al estilo del 84-88 y fundamentalmente la división de la centro izquierda permitieron su ascenso. Más la implementación de un plan macroeconómico liberal extraño a la realidad nacional, y denuncias de corrupción, llevaron a que el gobierno populista de “la fuerza de los pobres” durara muy poco.
La oposición, principalmente la quiteña, logró unificar múltiples fuerzas políticas y sociales en contra del gobierno. En Guayaquil la encabezó el alcalde Febres Cordero. Su objetivo era “destituir al loco”.
Una de las manifestaciones llegó al Palacio Legislativo para entregar al Presidente del Congreso, Dr. Fabián Alarcón, la única petición oficial: la convocatoria para el otro día a un período extraordinario de sesiones con el fin de encontrar mecanismos que posibiliten su destitución.
Al día siguiente, el 6, apareció la convocatoria. En la sesión de la tarde, el Presidente fue declarado en “incapacidad mental” y destituido de su cargo. Fue designado en su reemplazo el presidente del Parlamento, Fabián Alarcón.
Bucaram no la acató. A la media noche, la Vicepresidenta de la República Dra. Rosalía Arteaga, desconocía la designación de Alarcón, asumiendo ella la Presidencia.
El viernes 7 amanecimos con tres presidentes. El domingo 9, el parlamento encargó la presidencia a la Dra. Arteaga. Finalmente, el martes 11, fue designado presidente interino Fabián Alarcón Rivera. Un político sagaz. Amigo íntimo de Bucaram, hasta el 3 de febrero, en que condicionó la convocatoria del congreso extraordinario, siempre y cuando su relevo fuera él.
En forma burda se destituyó a un presidente constitucional, poniendo de manifiesto los componentes que caracterizaban la calidad de la política ecuatoriana: corrupta económica y moralmente, con un marcado tinte regionalista.
El salvataje bancario, la dolarización, la base de Manta, la política entreguista de los gobernantes posteriores, lo confirman. Pero el capitalismo erosiona y el desarrollo social avanza.
En nuestro país, el gobierno actual ha logrado la estabilidad política y puesto en marcha un proyecto económico-social que ha mejorado realmente las condiciones de vida de las mayorías. A lo que se suma una política exterior soberana, independiente, que contribuye a la integración latinoamericana.
Aquella realidad de cambio y afán de construir el futuro lleva a la presunción de que la forma de manejar los asuntos del estado en el pasado no regresará.