… ni deuda que no se pague. A no ser que algún aventurero disfrazado de juez le venda al gran evasor un espurio legal, el remate de sus bienes goza de la legalidad que dimana de haber agotado todos los trámites administrativos y judiciales previstos hasta el nivel de “cosa juzgada”; y atendido los innumerables incidentes provocados con el único objeto de no pagar la deuda tributaria. Durante el largo proceso y en todas las instancias gozó del debido proceso y ejerció su derecho a la defensa.
Alegan sus abogados que no cabe el remate porque los bienes afectados ya no le pertenecen a su cliente, pero ignoran la vigencia de la Ley de Defensa de los Derechos Laborales en virtud de la cual el Estado puede cobrar sus acreencias ejecutando bienes en poder de terceros que hayan sido utilizados como velo societario para vaciar las empresas embargadas. A cualquier petición, por descabellada que sea, pretenden darle el efecto de una suspensión del proceso de remate, que solo puede provenir de un juez de derecho; y de las constancias procesales aparece que nadie se ha pronunciado en ese sentido, razón por la cual ha causado estado la firmeza del crédito que se pagará con el producto del remate.
Es ilícita la nefasta campaña de carteles con la que los defensores del magnate pretenden intimidar a los participantes en el remate al que acusan de “fraude”. La justicia penal debe actuar de oficio para juzgar esta falsa imputación de un delito en contra de la Administración Tributaria. La onda expansiva del pataleo busca el escándalo como el mejor argumento para la impunidad reclamada cínicamente a nombre del rebelde. Ahora atacan a los posibles adjudicatarios con cuestionamientos absurdos en cuanto al origen del dinero con el que deben pagar sus posturas, llegando al ridículo de anunciar que irán por las embajadas de algunos países denunciando el hecho, como si todavía mandaran en Ecuador los tutores del imperialismo transnacional.
Surge la posibilidad de que los mismos trabajadores de la Clementina participen en su remate, con el producto de un préstamo de la banca pública. Sería realmente revolucionario que quienes han sufrido una vida laboral de explotación y exclusión se conviertan en titulares de un bien en plena producción, con lo cual se consolidaría la economía popular y solidaria, democratizando en la práctica el acceso a un capital productivo.