El proteger a los ciudadanos es responsabilidad del Estado, pero el ciudadano debe aportar lo suyo.
El miedo de las personas, el sentirse desprotegidas es a causa, también, de los hurtos y robos “menores” de sus pertenecías tales como teléfonos celulares, billeteras, accesorios de los vehículos, electrodomésticos, herramientas de albañilería, etc. Estos artículos son los más apetecidos por los delincuentes ya que es sencilla su comercialización.
En las ciudades existen los mercados informarles, conocidos en nuestro medio como “cachinerías”, lugares en donde los pillos van a vender la mercancía robada y los necesitados van a adquirir los objetos, supuestamente más baratos que en el mercado formal. La operación de estos mercados es de conocimiento del público, incluidas las autoridades locales y nacionales. Como todo mercado, se constituyen por la oferta y la demanda de mercancías.
Para detener a la delincuencia y conseguir la seguridad ciudadana, el Gobierno Nacional y los municipios del país, con la colaboración de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, de los gremios de la producción (interesados en mercados regulares), los centros educativos, los medios de comunicación nacionales y locales y otros, les corresponde implementar campañas de educación ciudadanía para disuadir a los ciudadanos a no comprar artículos robados o de dudosa procedencia.
La opción es desaparecer los mercados informales ya que son un incentivo para la delincuencia. Con la reducción de la demanda, se reduce la oferta.
De acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, es competencia exclusiva de todos los municipios: “Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.” Con este mandato legal, es responsabilidad de todos los alcaldes y concejales, legislar para que en el territorio de su ciudad no funcionen “negocios” ilícitos como son las cachinerías.
Es mejor no comprar artículos robados y evitar ser la próxima víctima.