La mayoría de gobiernos locales defiende y preserva los patrimonios de sus jurisdicciones, articula sus políticas a las leyes patrimoniales y dicta ordenanzas que les permite proteger sus edificaciones y bienes culturales patrimoniales. Pero también hay las excepciones, lamentablemente.
El caso más sonado es, sin duda, el atentado que el Municipio de Guayaquil pretende cometer en el barrio emblemático Las Peñas, al colocar el monumental rostro de León Febres-Cordero en La Planchada. Este monumento atentará contra el paisaje visual del sector, razón por la cual grupos ciudadanos han interpuesto una acción de protección para impedir que el Municipio concrete este atentado. Que la estatua, de 5,5 m, se la coloque en cualquier otro lugar de la ciudad, pero no en su área patrimonial, han expresado las autoridades patrimoniales. A lo que el alcalde Nebot ha respondido con comunicados groseros, insolentes y amenazantes, que nos recuerda aquellos momentos de miedo y terror del período socialcristiano que la mayoría de los ecuatorianos rechazamos con firmeza.
Pero este no es el único caso, Riobamba, ciudad patrimonial por su precioso centro histórico que guarda, además, momentos clave para la vida republicana del país, está siendo agredida de la peor manera por sus propias autoridades municipales. Con la finalidad de “solucionar” el problema de circulación vehicular en el centro histórico se pretende implementar un proyecto de movilidad que destruye el histórico parque Maldonado, justo en el atrio de la Catedral. Aunque parezca increíble, el alcalde Juan Salazar pretende dar prioridad a la circulación vehicular por sobre las personas y por sobre los patrimonios y, claro, sin ningún permiso del INPC, que es la autoridad en materia patrimonial.
Pero no solo eso, ya antes se atentó contra el parque 21 de Abril, mejor conocido como “La Loma de Quito”. Y lo que es peor, ahora mismo se está destruyendo uno de sus más emblemáticos parques, el Sucre; ya se derribaron unas bellas bancas de piedra del siglo pasado, para colocar unas nuevas (sic). Y todo esto, a pesar de que el propio municipio de Riobamba, en 2006, expidió una ordenanza para proteger su centro histórico.
Los bienes patrimoniales no solo deben ser conservados, sino que deben convertirse en opciones para el desarrollo social y la dinamización de sus economías. El atractivo turístico, por ejemplo, de las ciudades patrimoniales no son los vehículos, son sus centros históricos. Pero no solo es la autoridad patrimonial la que debe actuar con todo el rigor que la ley le permite, sino que son los ciudadanos quienes debemos responder con firmeza para frenar estos atentados contra nuestros patrimonios.