n términos generales, a nivel mundial no hay claridad sobre los datos que puedan dar cuenta sobre la violencia que sufren las mujeres, lo cual incide en el conocimiento sobre los índices de impunidad. Con esa escasez de información, Naciones Unidas determinó que en América Latina se encuentran 14 de los 25 países con las tasas más altas de femicidio en el mundo; de estos crímenes, el 98% no son procesados a cabalidad.
Durante las primeras horas del Día Internacional de las Mujeres -8 de marzo- en 2017, Guatemala atestiguaba el femicidio de Estado contra más de 40 niñas en el Hogar Virgen de la Asunción, calcinadas hasta fallecer en manos de quienes decían protegerlas.
Un año atrás, en México, mujeres y feministas se conglomeraban alrededor de la consigna de “Ni Una Más”, señalando al Estado como el principal responsable. Posteriormente, tras el brutal asesinato de Lucía Pérez, distintas organizaciones convocaron al primer paro nacional de mujeres en Argentina y a lo largo y ancho del continente se multiplicaron como “Ni Una Menos”.
Tan complejas son las situaciones de violencia contra las mujeres, que incluso vinculan distintos ámbitos de la vida (explotación laboral, dependencia económica con el agresor, miedo, tejidos sociales comunitarios en detrimento, entre otros) como lo es también el acceso a la justicia.
El Sistema Jurídico Interamericano, a pesar de contar con importantes avances en términos legislativos, como la Belém do Pará, no ha logrado traducirse en estrategias políticas y prácticas que disminuyan la violencia contra las mujeres; tampoco ha conseguido contrarrestar los patrones socioculturales discriminatorios de los funcionarios judiciales que atienden a las mujeres agredidas.
En 2007, la Relatoría por los Derechos de las Mujeres de la CIDH identificó al “patrón de la impunidad” como característica en el acceso a la justicia para las mujeres; el patrón combina la falta de investigación, juicios y sanciones, así como la cultura machista en las distintas instancias judiciales, la victimización secundaria, falta de protecciones y garantías para el cuidado de la dignidad y la seguridad de las víctimas y de las y los testigos durante el proceso. Todas esas condiciones se complejizan en relación con las condiciones de clase, raza, etnia y nacionalidad de cada una de las mujeres. (O)