El otro día me acerqué a las boutiques Mango y Zara, de un conocido centro comercial del norte de la ciudad, para curiosear. Me sorprendió observar que eran de los pocos locales comerciales donde habían filas para pagar las prendas adquiridas, a pesar de que no estaban en ofertas. Encontré que casi toda la ropa era elaborada en Bangladesh, y recordé la espeluznante tragedia sufrida recientemente en una fábrica en este país, donde se confeccionaba ropa de estas marcas.
Bangladesh, un país con altos índices de pobreza, se ha especializado en exportar textiles para grandes marcas. Esa industria ocupa una mano de obra mayoritariamente femenina. Los salarios que reciben estas mujeres llegan apenas a 40 dólares mensuales, y las jornadas laborales superan las 10 horas.
El derrumbe de este edificio, al cual las y los trabajadores se rehusaron a ingresar porque ya se había cuarteado, causó más de mil muertes, la mayor parte era de mujeres. Antes hubo otros desastres, como incendios y accidentes en otras fábricas. Las condiciones en las que trabaja la industria textil son denigrantes, inseguras y recuerdan la peor fase del capitalismo inicial. En estas instalaciones se vulneran no solo derechos laborales, sino los más elementales derechos humanos.
No es casualidad que sean mujeres las víctimas propiciatorias de este capitalismo salvaje en plena globalización. Las mujeres siempre hemos sido cercanas a la tradición textil, durante mucho tiempo fue un saber casi exclusivamente femenino. Las obreras que llegan a las fábricas llevan consigo destrezas adquiridas en labores manuales que son parte de la socialización femenina; pero también cualidades como paciencia, disciplina, prolijidad.
Sin embargo, existe una valoración cultural desigual de las destrezas, según sean ejercidas por hombres o por mujeres. En países como Bangladesh, la integración laboral de las mujeres se provoca en un contexto de un régimen patriarcal en el cual persiste la dote, y donde las mujeres sufren violaciones, ataques con ácido y palizas, según organismos de derechos humanos.
En este escenario, se abre un debate acerca de si la actitud moralmente correcta es dejar de comprar estos productos que se consumen en Occidente, lo cual afectaría a estas grandes transnacionales, pero dejaría sin empleo a estas mujeres; o exigir que sea el Estado local el que ejerza controles y los propietarios de las fábricas cumplan con la mentada “responsabilidad social” de las empresas.