El debate preelectoral deja claro que la gestión municipal debe enmarcarse en un modelo democrático, incluyente, que dé prioridad a los sectores populares carentes de los servicios básicos, apoye la gestión de los sectores marginados y priorice programas y proyectos en beneficio de los barrios marginales, en un marco de planificación, participación organizada de los diversos sectores y rendición de cuentas, en coordinación con los distintos niveles del Estado y particularmente con el Gobierno.
Los problemas de la gente en los diversos territorios son múltiples y graves y las soluciones deben ser compartidas; si bien es cierto que hay competencias propias, todos requieren, para ser superados, infraestructura y servicios, leyes, financiamientos, garantías; en suma, una acción concertada, organizada, plural.
En consecuencia, en el nuevo modelo de gestión municipal, con rostro humano, que dé prioridad a los sectores marginados, no cabe la confrontación y la vieja bronca política; más bien la colaboración, los acuerdos, en beneficio de los pobres; sobre todo en las grandes ciudades, en las que inevitablemente la acción global del Estado y Gobierno incide fuertemente en la agudización o arreglo a las dolencias y quebrantos citadinos.
Guayaquil, por ejemplo, requiere de todo apoyo si realmente quiere, en serio, a profundidad, resolver masivamente el déficit de servicios municipales fundamentales: agua, alcantarillado, relleno, pavimentación, recreación, transporte.
Tal como lo demuestra la acción del Gobierno en frentes diversos, la acción municipal aislada y dispersa no podrá resolver, con visión integral y en tiempos adecuados, el deterioro ambiental, el aprovechamiento de los espacios públicos para el turismo y la recreación, la salud, educación, dotación de vivienda, infraestructura portuaria, seguridad ciudadana.
La construcción de vivienda popular con la entrega del bono que asciende a $ 6.000, la construcción de colegios y escuelas modernos en barrios populares, la construcción de enormes hospitales en el Guasmo y Monte Sinaí, los recursos, infraestructura y equipamiento para la Policía, la construcción del parque más grande del Ecuador, de uso múltiple, en Los Samanes; la recuperación del Estero Salado, el uso racional de la isla Santay, entre otras cosas.
El desarrollo del turismo, la generación de empleo, el control de los flujos migratorios masivos pasa por el Estado, requiere infraestructura, leyes como las de agua y tierras, elevar los niveles de vida de la población rural, exigen una acción integral del Gobierno y la Asamblea. Nuevamente, coordinación, colaboración, no dispersión, peor enfrentamientos.
Los graves problemas no se han podido resolver en forma aislada. Hay importantes esfuerzos, pero no han sido suficientes; por ello, están a la vista los déficits y reclamos, las demandas poblacionales.
Para dar atención y todo apoyo a los trabajadores autónomos y vendedores ambulantes como prioridad, poner orden y apoyar la actividad del comercio, emprender megaproyectos, como la construcción del metro, etc., se requiere colaboración a todo nivel.
Es una gran oportunidad para la ciudad y su desarrollo contar con un gobierno que tiene una visión global, un plan integral que se enmarca en un proyecto político de largo plazo, humanista, productivo, de equidad, con el que hay que trabajar, no competir, que es imposible, peor confrontar, porque -además- tiene un inmenso apoyo popular.
En la acción de los gobiernos territoriales no tienen cabida el sectarismo político ni la bronca, sí la acción compartida, la colaboración civilizada, plural, en beneficio de los pueblos.